La iniciativa de reforma en materia electoral, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene por objeto adecuar el sistema mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido en los últimos años.
- Se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad, en los poderes públicos
- Insertar el principio de austeridad en el sistema electoral y de partidos
- Facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública
- Fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales,
- Homologar los procesos electorales locales y el método de representación.
¿Qué artículos constitucionales se modificarán?
Se propone reformar al menos 18 artículos de la Constitución, con los objetivos siguientes:
- Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
- Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder
- Garantizar la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos.
- Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
- Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de la austeridad.
- Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
- Se eliminan 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas.
- Se establecen parámetros poblacionales objetivos para fijar el número de legisladores locales, regidores y concejales.
- Se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.
- En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular.
- Se incorporan en los temas que no pueden ser objeto de consulta popular los relacionados con el sistema fiscal, incluyendo sus bases, tasas y tarifas, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional. Asimismo, se elimina la restricción de aquellas vinculadas con la materia electoral y a las obras de infraestructura en ejecución.
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