Más de 63 mil 700 internos, de los 222 mil 369 que integran la población de los 287 penales federales, estatales y militares del país, enfrentan condiciones de abandono institucional, con deficientes servicios, hacinamiento y falta de personal capacitado, para garantizar calidad de vida y respeto a sus derechos en dichos centros de reclusión.
Así lo establece el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria 2021 presentado este martes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), basado la supervisión muestra de 250 instalaciones penitenciarias.
Como parte de la muestra de 250 centros penitenciarios evaluados en 2021, se seleccionaron 75 que nunca habían sido visitados por la CNDH y que en el diagnóstico de 2020, resultaron evaluados con calificaciones menores a seis, en una escala de 10.
El informe establece que al 31 de diciembre de 2021, había en todo el país 222 mil 369 personas privadas de su libertad y de las cuales se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vida que enfrentan 186 mil 238, es decir, 83% del total de la población penitenciaria.
Se identificó que, de toda la población distribuida en los penales verificados, 63 mil 768 personas pertenecían a uno o varios grupos con necesidades de atención prioritaria. 34% de las personas tiene requerimientos de atención específicos.
Asimismo, se observó con preocupación que en los centros penitenciarios distritales en los estados de Hidalgo, Puebla y Zacatecas prevalece un generalizado abandono institucional en sus condiciones precarias de la infraestructura.
Así como en la falta de personal y deficiente capacitación; en los deficientes servicios básicos, que no garantizan la calidad de vida de las personas recluidas y evidencian la falta de compromiso de las autoridades responsables de dichas instalaciones.
Respecto a los Centros Federales de Readaptación Social, también conocidos como Ceferesos, el diagnóstico arroja que los centros número 7 en Durango y 11 en Sonora, obtuvieron calificaciones generales menores a siete.
Mientras que los centros número 15 en Chiapas, 18 en Coahuila, 14 en Durango, 1 del Altiplano, 17 de Michoacán, 13 de Oaxaca y 5 del oriente de Veracruz, obtuvieron calificaciones menores a ocho.
El diagnóstico señala como áreas de oportunidad que deben atenderse y con mayor incidencia, las relacionadas con deficiencias en la atención a personas adultas mayores.
Uno de los hallazgos más preocupante fue de mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios varoniles de los estados de Chiapas, Sonora y Guerrero debido a que en dichos centros no se cuenta con instalaciones para albergar a mujeres, por lo que se encuentran en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad.
De acuerdo al diagnóstico, el Sistema Penitenciario Federal tiene una calificación promedio de 7.58, mientras que el Sistema Penitenciario Estatal alcanza un promedio general de 6.20 y las prisiones militares un promedio general de 8.69.
Los resultados arrojan, sobre todo, elementos para la defensa de los derechos humanos y para realizar las acciones específicas y concretas, que permitan corregir las deficiencias en los establecimientos carcelarios del país.
También se revisaron condiciones de internamiento, capacidad de alojamiento, población existente, servicios de atención, mantenimiento, salud de internos, seguridad, capacidad y calidad de instalaciones, higiene y políticas de reinserción en cada uno de los penales.