El proceso electoral en Quintana Roo se desarrolló entre acusaciones y propuestas que se quedaron cortas, de acuerdo con la ciudadanía.
María Lezama, alcaldesa con licencia de Cancún, es candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde, del que fue militante. Hoy se dice comprometida con el pueblo y la 4T:
“Será un gobierno de la Cuarta Transformación el gobierno del Estado de Quintana Roo y el objetivo es trabajar juntas, juntos por una prosperidad compartida, por acortar las brechas de desigualdad”.
Lezama fue denunciada presuntamente por acumular propiedades a través de una empresa familiar y de lucrar con placas de taxis. Incluso, fueron presentadas dos denuncias penales en su contra por el llamado Movimiento Nacional de Seguridad y Justicia y por la Asociación Civil Opus Magnum de México.
Situación similar enfrenta Laura Fernández, de la coalición PAN-PRD. La expresidenta municipal de Puerto Morelos, fue acusada de dejar una deuda de más de 800 millones de pesos en esa alcaldía y de otorgar contratos a la empresa Mixeled, que fundó con su esposo; ella lo niega y acusa a su sucesora, Blanca Meraz:
“Qué casualidad que nueve meses después de entrar se dedica a denostar, eso no es profesional, ni objetivo ni ético”.
Leslie Hendricks, del PRI, resaltó las incongruencias de las favoritas, al igual que José Luis Pech, un exmorenista, hoy candidato de Movimiento Ciudadano, al que se le vincula con el exgobernador, Félix González Canto.
“Llama la atención que en esta contienda electoral tengamos presidentas municipales que no han podido resolver los problemas de su municipio y ahora quieren intentar resolver los problemas del Estado”, dijo José Luis Pech.