Desde el inicio de la administración del gobierno actual se promovió la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Fue presentada ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de autoridades de la Tribu Yaqui, y con respaldo de base social comunitaria, en agosto del año pasado; sin embargo, no ha sido presentada ante el Congreso.
En el marco de la presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su informe “Derecho a la determinación y autonomía de los pueblos indígenas y tribales”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) urge que se materialice dicha reforma, porque es parte de las recomendaciones internacionales al Estado mexicano.
Este pendiente es parte de los compromisos que tiene el Estado mexicano con respecto al reconocimiento histórico de los pueblos que continúan padeciendo “la discriminación estructural [que] es consecuencia, entre otras razones, de un marco legal que les niega su condición como sujetos plenos de derecho y facilita el despojo de sus territorios”, señala la Alianza.
Y es que el ejercicio del autogobierno de los pueblos indígenas y afromexicanos, la aplicación de los sistemas normativos, para el respeto y protección de sus tierras, territorios, bienes comunes y formas propias de vida y desarrollo, enfrentan enormes dificultades, tal como expone ALDEA.
El Informe
La comisionada Esmeralda Arosamena de Trotiño, relatora para México y de Pueblos Indígenas de CIDH, expresó que este informe fue presentado en diciembre de 2021 y que fue elaborado de las respuestas y demandas de pueblos indígenas a lo largo del continente, que han invocado el derecho de la libre determinación, en defensa de sus derechos humanos.
Apuntó que sobresale la preocupación por los obstáculos que enfrentan debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales “con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados y/o los aspectos colectivo de sus derechos”.
En el caso de México resaltó que algunas de las experiencias a destacar es el reconocimiento de que es un país pluricultural. También que en 2016 se creó la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Además de las experiencias de las propias comunidades como las de Guerrero, al crear su propia su Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) o la experiencia de la comunidad purépecha de Cherán, para reafirmar sus propias formas de gobierno.
Sin embargo, prevalece “la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisión, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios”.
También criticó la violencia que enfrentan a raíz de la invasión de sus tierras por terceros, por actividades mineras, madereras, ganaderas o narcotráfico.
“El reconocimiento de la libre determinación, autonomía, autogobierno y otros elementos constitutivos de los pueblos indígenas y tribales, no atentan contra la integridad territorial de los estados”, enfatizó la comisionada.
Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, dijo en el caso de nuestro país ya tiene recomendaciones internacionales de la ONU para que garantice sus derechos a los pueblos indígenas, entre ellas la Reforma Constitucional Indígena.
En este tenor es que ALDEA urgió, frente a las autoridades del estado y sus representantes como Josefina Bravo Rangel (Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de SEGOB), Adelfo Regino (titular del INPI) y la senadora Xóchitl Gálvez (presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado), a que México asuma estos compromisos y que atienda las recomendaciones internacionales para concretar dicha reforma, “y honrar la deuda histórica con los Acuerdos de San Andrés Larráizar”.
En este evento estuvieron presentes diversas autoridades del Estado mexicano, académicos, organizaciones civiles y representantes de comunidades de 13 estados que conforman ALDEA.