Diversas organizaciones civiles hacen un llamado urgente al Gobierno mexicano, para que la seguridad regrese al personal civil, tal como establecen las normas internacionales de derechos humanos.
Exigen que el Gobierno Federal “reitere su compromiso de devolver las fuerzas armadas a los cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país”.
Además, piden que las autoridades deben tomar medidas para que se legisle sobre el uso arbitrario de la fuerza o de armas de fuego, por parte de funcionarios y elementos de la fuerza pública.
El comunicado es firmado por Amnistía Internacional, Sin Fronteras IAP y otras once organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual que conforman #SeguridadsinGuerra.
#NoaLaMilitarizacionDeLaMigración Frente a la militarización del país, las personas migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad corren más riesgos de que sus derechos humanos sean violados, pues sus casos son invisibilizados o minimizados pic.twitter.com/zamBaBTmhM
— Fundación Justicia (@FJEDD) September 1, 2021
Además, entre sus preocupaciones señalan la intención del Gobierno Federal para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) mediante una reforma constitucional, ya que “institucionalizaría de manera permanente la seguridad pública en manos de militares”, señalan.
Las organizaciones señalan que desde la creación de la Guardia Nacional (mayo de 2019) hasta 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos (SNAVDH-CNDH), han registrado una acumulación de quejas por diversas violaciones de derechos humanos ejercidas por elementos de este cuerpo de seguridad:
-De 2019 a 2020, hubieron al menos 291 quejas en contra de la GN, según la CNDH.
-En 2020, sumaron 350.
-En lo que va del año han acumulado 261.
“Es una de las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos”, afirmaron.
Además, resaltaron que la GN actúa como cuerpo de control migratorio en fronteras mexicanas. Expresaron preocupación ya que el “secretario de Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como objetivo detener la migración en la frontera sur”.
Demandaron que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el 27 de mayo de 2019, “tiene un efecto inhibidor o amedrentador que obstaculiza la defensa de los derechos humanos”, compartieron que la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (64/2019) que no ha sido resulta. Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos interpuso el amparo 30/2021 ante la SCJN y tampoco ha sido resulta.
Ambas consideran que dicha ley contraviene a la efectividad de los derechos humanos.
Las organizaciones expresaron que existe poco material y evidencia de que la estrategia de seguridad actual represente un cambio; enfatizan que la seguridad pública no debe estar en manos de fuerzas armadas, ya que contraviene a los principios internacionales y al Estado de Derecho.