Joaquín Sabina se encuentra en medio de una deuda con el Departamento de Hacienda española tras una audiencia de desestimación por parte del organismo, quien reclama 2.5 millones de euros en concepto por derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010.
De acuerdo con la Hacienda española, Sabina habría dado una declaración errónea para esquivar la tributación del Impuesto Sobre la Renta (IRPF).
Sabina ya había reclamado por la vía administrativa ante el Tribunal Económico-Adinistrativo y ahora han sido los magistrados de la Audiencia Nacional quienes han dado la razón a la Agencia Tributaria en su pugna con el artista por no haber tributado correctamente sus derechos de autor durante varios años.
Junto a familiares, Sabina era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos, entre otras propiedades.
Durante los tres años que abarca la inspección de Hacienda, esas tres compañías generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación, con una relación directa con el cantante para el fisco, bien sea en forma de cobros de derechos de autor o prestación de algún servicio como realización de galas, “royalties”, ventas de discos o colaboraciones de prensa.
En su defensa, Sabina alegó que no tenía relación con alguna de esas sociedades, si bien los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon “inverosímil” ese argumento y que determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado, “lo que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto Sobre Sociedades y un consiguiente aumento de la renta a imputar al cantante por el IRPF.