La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), así como la organización Change.org México y Livinghope Wheelchair Association y Alianza para las Américas exigieron esclarecer la muerte de Ángel Manuel Moreno, de 14 años, ocurrida en febrero de este año en las instalaciones del Centro de Cuidados DIF Fabriles, en Monterrey, Nuevo León.
En conferencia de prensa virtual, Tania Ramírez, directora de la Redim, expresó que este caso no puede quedar en el olvido, pues existen dudas sobre su deceso y aún no se ha realizado una investigación adecuada sobre su muerte.
Indicó que no se ha aclarado si el menor fue víctima de algún tipo de violencia o si padeció algún malestar estomacal –como se ha declarado-, que habría ocasionado el fatal desenlace. A decir de la activista por la infancia, sean cuales sean las causas, el adolescente no debió morir en ninguno de los supuestos casos.
La representante agregó que este caso da cuenta de que la violencia institucionalizada es importante, toda vez que pareciera que existe un abandono no solamente de las circunstancias de vida que hacen llegar a los menores a esas instituciones, sino que el cuidado que hay en esos sitios no se acerca a los derechos necesarios para proteger a este círculo social.
Por su parte Juan Martín Pérez, representante de la iniciativa Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, recordó que el menor fue enviado como un castigo al centro de cuidados para migrantes DIF Fabriles.
“Hay denuncias anónimas de malos tratos y de posibles lesiones que pudieron llevar a su muerte y la gravísima irregularidad de cremar el cuerpo sin un mandato judicial o notificación o autorización de la Fiscalía, todos estos son hechos irregulares que requieren investigación y sanciones administrativas y posiblemente penales a los funcionarios”.
Pérez externó que es obligación de las autoridades aclarar este caso, pues de no hacerlo quedarían en duda los cuidados proporcionados en estos albergues.
El representante de la iniciativa Tejiendo Redes agregó que organizaciones de la sociedad civil documentan el caso para analizarlo, en un próximo examen sobre derechos de las infancias, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La plataforma Change.org recabó más de 13 mil 890 firmas de la ciudadanía para respaldar la exigencia de justicia, mismas que fueron dirigidas a diversas autoridades como la titular de la representación del estado de Nuevo León en Ciudad de México, María del Pilar Lozano; así como a funcionarias del DIF Nacional; al fiscal general del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez; al titular del DIF Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera, y a la secretaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ivette Mecott.
Asimismo, en Estados Unidos ante los representantes de los consulados de México en Florida, Miami; Illinois, Chicago; Atlanta, Georgia, y en Houston, Texas.
Por último, Alejandro Rodríguez, coordinador de equipo médico y suplementos de Livinghope Wheelchair Association y representante de la organización Alianza para las Américas, comentó que diversas organizaciones conformadas por comunidades hispanas en Estados Unidos siguen el caso de Ángel.
Al mismo tiempo expresó que ambas organizaciones han coordinado y entregado estás más de 13 mil firmas a consulados de México a fin de hacerlas llegar a las autoridades correspondientes y lo sucedido con el niño Ángel Manuel Moreno no quede impune.