Grupos pro personas migrantes han expresado su oposición a la vigilancia electrónica de las personas en tránsito tras ser liberadas.
Se trata de un grillete electrónico que se coloca a las personas migrantes que son liberadas de un centro de detención y esperan en una especie de libertad restringida su cita en una corte de migración, donde una autoridad judicial le dirá “si” o “no” a su solicitud de asilo, la respuesta para ir a Estados Unidos o ser devueltas a su país de origen.
Los opositores a esta medida señalan que portar el sensor causa daño psicológico a quien lo porte, pues transmite la sensación de ser delincuentes.
En 2021, a 136 mil personas en tránsito, 31 mil de ellas solicitantes de asilo en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) les colocó el grillete durante 615 días en promedio, con el argumento de verificar que asistan a sus citas a la corte migratoria, bajo el llamado “Programa de supervisión intensiva”.
Este programa exige a las personas migrantes:
- Responder a llamadas semanales del ICE
- Mantenerse no más lejos de 122 kilómetros de su hogar
- Compartir su ubicación en caso de cambio de domicilio
- Notificar cualquier suceso importante en el que se vean involucrados
- Usar la aplicación en sus celulares “Smart link”, que les requiere identificación facial
El uso del grillete viola tratados internacionales para una migración ordenada, segura y apegada a los derechos humanos, según organizaciones civiles.
“Esos grilletes es para donde vayas, te tienen vigilado y en cualquier momento te pueden localizar. Es algo tan inhumano”, mencionó Sergio Tamai Quintero, vocero, Grupo “Ángeles de la Frontera”, Mexicali, BC.
Pese a las críticas, este año la administración Biden activó el programa piloto “Toque de queda en casa”, en las ciudades de Houston, Texas, y Baltimore, Maryland.
La propuesta consiste en colocar el grillete electrónico a por lo menos 200 personas migrantes, de 20:00 horas a 8:00 horas, tiempo en que deben permanecer en sus viviendas.
El Departamento de Seguridad Nacional firmó un contrato por 2 mil 200 millones de dólares para este programa con la compañía privada “Bi Incorporated”, filial de la empresa de cárceles privadas “Geo Gruop”.