La Fiscalía General de Bolivia informó este viernes que presentó una acusación por “genocidio” y otros delitos contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019.
El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó “ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez”, quien está en prisión preventiva desde marzo, pero la decisión de si habrá un juicio recae en el Congreso.
El delito más grave del que se le acusa, el de “genocidio”, es sancionado con pena de cárcel de 10 a 20 años, de acuerdo al Código Penal boliviano.
La acusación se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.
De acuerdo a una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada esta semana en La Paz, en ambos hechos murieron 22 personas (11 en cada una), del total de 37 fallecidos que dejó la violencia política en el marco de la renuncia del presidente izquierdista Evo Morales.
Por su lado, Lanchipa dijo que en Sacaba y Senkata hubo “20 muertos”.
“Esos hechos han sido calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, señaló el fiscal.
El 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Morales, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, la opositora derechista Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida.
El Tribunal Supremo debe solicitar al Congreso la autorización para un “juicio de responsabilidades o de privilegio”, que debe ser aprobado por dos tercios del Parlamento, controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.