A las calamidades que deja el gobernador saliente de Colima, José Ignacio Peralta, se suma la inseguridad que mantiene al estado como uno los cinco más violentos del país.
Registros públicos y estadísticas oficiales resultan dramáticos: más de 30 servidores públicos asesinados durante el sexenio del mandatario priista, entre estos un juez federal, políticos y policías estatales.
La delincuencia sigue, pues no ha hecho casi realmente nada por Colima”, expuso María de Jesús Hernández, ama de casa en Colima.
Además, se registran alrededor de 170 personas desaparecidas, la proliferación de fosas clandestinas y la construcción opaca y estéril de un sistema de videovigilancia, lo que refleja la desatención a los colimenses.
Le puedo decir que son 170 más o menos desaparecidos los que hay en este momento, son bastantes a pesar de que esto empezó en el 2017, 2016. Aquí no había desaparecidos ni nada, pero empieza subir, subir y subir, hasta que de plano en 2018 se hace el boom, en 2018, cuando se abren unas fosas en febrero en Santa Rosa, y ahí empezó a ver curiosamente desaparecidos, salieron más de 60 desaparecidos”, dijo por su parte María del Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima.
Sólo de enero a junio de este año, de acuerdo al gabinete de Seguridad, en el estado se cometieron 3 mil 550 delitos.
Sobre todo homicidios violentos, de lo que llaman ejecuciones vinculadas a las operaciones de la delincuencia organizada. Ese es un dato que ya está aceptado por la mayoría de las instancias. También se reporta que es uno de los Estados con el mayor número de feminicidios”, indicó Adalberto Carvajal Berber, periodista de Colima.
En los seis años del gobierno priista saliente, fueron asesinados el juez Uriel Villega y su esposa; el delegado federal de Sedatu, Jaime Vázquez; el director de la Comisión del Agua en Manzanillo, Daniel Cortés; el alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez; el exdirector de tránsito de Manzanillo, Christián Montero y el aspirante a diputado local, Martín Cazares, entre muchos más. Adicionalmente, 22 policías estatales.
Los colimenses también reprochan la poca transparencia del gobierno de Peralta, a la falta de resultados de la construcción del C-5 de Colima, cuya inversión, estiman legisladores, fue de más de mil 500 millones de pesos.
El gobierno del Estado invirtió en el C4 las cámaras y todo eso. Un escándalo muy grande por cierto que se hizo porque se dijo que fueron robadas. Y el asunto es que nunca se dio con el paradero de esas cámaras… Lo más seguro es que las hayan vendido al crimen organizado, porque ellos operan con tecnología”, comentó Adalberto Carvajal.
A esta pesadilla, de inseguridad en el estado no escapan los familiares de las víctimas de personas desaparecidas en la entidad y la nula atención brindada por Peralta Sánchez al problema.
Mi hijo cumple tres años el día 20 de agosto de desaparecido y sigo esperando a que llegue con la novia, como me dijeron que iba regresar”, agregó María del Carmen Sepúlveda.