El pasado 30 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decreto con el que se podrá poner en libertad a internos del fuero federal que tengan más de diez años sin recibir sentencia, así como a quienes hayan sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, “no queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado”.
El caso Mónica Dolores Cuevas Monzón es ejemplo de esas graves violaciones a los derechos humanos. Once Noticias habló con ella, desde el penal federal, para que explicará de primera mano cómo ha sido su caso.
Hace unos días escuché al Presidente que hablaba respecto a los presos bajo tortura y a las personas que llevan más de diez años sin sentencia y me dio una esperanza para salir de aquí porque ya no aguanto más dentro de ese lugar”, explicó Mónica.
Mónica es prima de la defensora de derechos humanos Kenya Cuevas, quien ha creado la campaña #LibertadParaMónica.
Está presa en el Penal Femenil de Tanivet, en Oaxaca, desde el 5 de noviembre de 2010 y durante su detención fue torturada para firmar una declaración en la que ella misma se señalaba como secuestradora.
Hasta el momento, a casi diez años de estar privada de su libertad, no ha recibido sentencia.
A principios de noviembre yo tuve una emergencia porque tenía una nena de un año que padecía de cáncer, me acerqué con un señor que conocía y le pedí si me podía ayudar con una recarga o una llamada para empezar moverme con lo de mi hija, caminé con el señor una calle y vi como dos personas encapuchadas, una de ellas con un arma horrible, lo subían a un carro. A mí me metieron pero al instante me bajaron a golpes. Yo no supe nada más del señor y me daba miedo ir a denunciar lo que había pasado, porque no sabía que me podía pasar”, recordó Mónica Cuevas.
Pero el tormento que vivió Mónica apenas comenzaría.
“El 5 de noviembre de 2010 me detuvieron poniéndome una arma en la cabeza, luego me llevaron a un lugar con un hueco y me sentaron en un silla mientras me pegaban mucho en la cabeza y en el cuerpo. Me ponían la pistola en la cabeza o en el pecho amenazando de fusilarme en ese momento y en algún momento me dieron un balazo en mi pierna izquierda, la bala rebotó y otros policías le reclamaban al que había disparado. Después me amenazaron con que violarían a mis hijas y luego las matarían y ahí fue cuando me puse muy mal porque pusieron en altavoz a dos niñas que estaban llorando, entré en pánico y les dije que a mí me hicieran lo que quisieran pero que dejaran a mis hijas, y fue así como firmé. Yo no sentí el balazo hasta mucho después, incluso en los separos se me empezó a infectar la herida y sólo me aventaron unas gasas y me dijeron que yo me limpiara. Me hicieron firmar una declaración en la que yo había secuestrado al señor y que el balazo yo lo tenía antes de ser detenida”, lamentó entre lágrimas.
Relató que la llevaron a lo que era la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la SEIDO, ahí estuvo arraigada 80 días. Posteriormente, la trasladaron a Oaxaca y fue ahí hasta que supo que estaba acusada de delincuencia organizada.
Lo más triste de todo esto es que “cuando me detuvieron yo tenía una niña de un año que tenía cáncer y recibía quimioterapia. Mi hija falleció a los dos años y cuatro meses y yo no pude hacer nada, estoy desesperada porque se han robado diez años de mi vida y nadie me ha ayudado ni ha volteado a ver mi caso, mis otras dos hijas camina solas”.
“Ningún ministerio público tomó en cuenta la tortura y cuando me hicieron la prueba de Estambul los funcionarios de la Federación salió negativo a tortura, pero cuando la Judicatura hizo el peritaje salió positiva y se mostró todo lo que me hicieron, me duele que a pesar de todo siga presa, pero al escuchar al Presidente sentí una esperanza de vivir porque ya no quería vivir. Yo ya quiero irme porque es desesperante estar presa injustamente y no poder defenderme ni saber qué hacer. Somos muchas mujeres que estamos en la misma situación, la mayoría somos inocentes, yo lo sé porque las he escuchado, he llorado con ellas y sólo pedimos que nos liberen”, expresó Mónica.
El caso está alojado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales con la causa penal 3/2019-1. La acusada nunca ha tenido acceso a su carpeta, pues explicó que sólo ha leído cinco o seis hojas y sus defensores de oficio son rotados continuamente. Ninguno avanza porque cuando apenas van conociendo el caso los reasignan a otra carpeta.
Cuando le pregunté al juez cuanto tiempo podía pasar en la cárcel sin sentencia, él dijo que podían ser diez o 20 años. Eso me desanimó, he tratado de cortarme las venas porque ya no quiero vivir, sólo me queda rogarle al Presidente que me ayude, mi última esperanza es que mi voz llegué a sus oídos”, exclamó Mónica Cuevas, desde el penal federal.
Según datos oficiales, en México existen 220 mil 114 personas privadas de su libertad, 43% de esta población no ha sido sentenciada, lo que se traduce a 94 mil 547 personas encarceladas sin procesos concluidos. De este total, 87 % de esas personas están acusados por delitos del fuero común y 12 mil 358 internos están por fuero federal.
Las cifras son contundentes para la necesidad del recurso legal. Organizaciones como Zeferino Ladrillero aseguraron que 90% de las personas en los centros penitenciarios no cometieron ningún delito.
Yo tengo sed de que agarren a las personas que realmente cometieron ese delito, porque somos los inocentes los que estamos pagando mientras los verdaderos criminales siguen afuera”, concluyó Mónica.