La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el día de hoy a Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, retirar de sus redes sociales propaganda gubernamental por estar prohibida la emisión de actos y obras de gobierno entre el 15 de julio y el 1º de agosto por la realización de la Consulta Popular.
Morena presentó una queja en contra de Enrique Alfaro Ramírez y otros funcionarios del estado de Jalisco por las publicaciones realizadas el 22 y 26 de julio en las redes sociales de referido gobernador, en las que se resaltan logros de gobierno, solicitando se ordenara al Ejecutivo Estatal la suspensión de las publicaciones realizadas en sus cuentas personales.
Del análisis de las publicaciones, la Comisión estimó de forma preliminar que las mismas son contraventoras de la disposición constitucional que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de la Consulta Popular, pues su contenido está relacionado con logros de gobierno como son los proyectos “apoyo a las mujeres con el pasaje de transporte público para mujeres trabajadoras, jefas de familia” y programas realizados para la organización de cooperativas en el campo para las mujeres trabajadoras del campo o capacitación para operadoras de transporte público, entre otros.
Por ello, la Comisión estimó procedente emitir la medida cautelar solicitada y ordenó al Gobernador de Jalisco a que, en un plazo no mayor a tres horas, realice todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones denunciadas, vinculando al Titular de la Secretaria General de Gobierno de esa entidad, quien tiene como una de sus atribuciones emitir las comunicaciones oficiales del Ejecutivo del estado.
La decisión de la Comisión es congruente con las medidas cautelares emitidas a la Presidencia de la República y al gobierno de Tamaulipas, respectivamente, por haber emitido propaganda gubernamental durante el periodo de difusión de la Consulta Popular.
Respecto de la posible responsabilidad que pudieran tener el resto de los servidores públicos denunciados, corresponderá determinarlo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el fondo del asunto.
El asunto se aprobó por unanimidad de votos de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.