Ante la crisis de COVID-19 de Myanmar, donde los casos y las muertes aumentan desde mediados de junio y los pacientes tienen dificultades para conseguir oxígeno en un contexto de conflicto creciente, la directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah, declaró que se agravó la crisis humanitaria y de derechos humanos en ese país.
Es un crudo ejemplo de la ruinosa mala gestión de Myanmar por el ejército y de su enorme coste en vidas humanas. Las autoridades militares, con la persecución implacable del personal médico, al que amenazan y detienen, han destrozado el sistema sanitario, que ya era frágil, durante una pandemia global; es inadmisible y era evitable”, agregó.
Grupos comunitarios de voluntarios y voluntarias se ocupan de la malsana tarea de retirar los cadáveres y los crematorios están saturados. La respuesta del ejército es hacer fotos preparadas y difundir declaraciones en las que afirman que tienen la situación controlada cuando es patente que no es así. Para empeorar las cosas, los datos disponibles muestran que menos del 3% está totalmente vacunada contra la COVID-19”, dijo Ming Yu Hah.
También expuso que esta es una crisis preocupa, pero en especial la población en situación de riesgo, como las personas encarceladas. El sistema penitenciario de Myanmar alberga ahora a miles de personas que se oponen al ejército y la reclusión en estos centros, incluso en circunstancias normales, es perjudicial para el derecho a la salud, pues lo habitual es la denegación de tratamiento médico y del acceso a medicamentos vitales.
La población de todo Myanmar se ha visto afectada por el aumento de casos de COVID-19. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre personas que tratan de obtener oxígeno para sus seres queridos a precios exorbitantes con un dinero que sencillamente no tienen.
Además, los medios de comunicación informan con detalle de que los miembros de los cuerpos de seguridad han acaparado un oxígeno que se necesita desesperadamente.