Se cumple un año de la desaparición de dos jóvenes capitalinos que viajaron juntos al estado de Veracruz y al ser detenidos por policías estatales nunca más regresaron a casa.
El 28 de julio del año 2020, Javier de Jesús González Miranda y Daniel Hernández Hernández salieron en carro desde Ciudad de México, iban con un tercer acompañante que omitiremos su nombre por razones de seguridad, ya que fue liberado de un secuestro.
Según el testimonio, los tres jóvenes circulaban por las calles del Puerto de Veracruz cuando elementos de la policía estatal les cerraron el paso y les dijeron que harían una “inspección de rutina”. Cuando estaban revisando el carro más coches particulares llegaron al lugar y los oficiales les dijeron, sin alguna razón, que serían trasladados a una fiscalía. Los jóvenes no opusieron resistencia ante los sujetos armados.
Pero no fue así, los trasladaron a una casa de seguridad donde permanecieron secuestrados durante tres días mientras a nosotras nos pedían rescate, perdimos comunicación con ellos dos días después, el 30 de julio”, explicaron la madres de los jóvenes.
En esa fecha el testigo fue liberado y cuando presentaron la denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) les pudo decir a los agentes ministeriales cómo llegar y dónde estaba ubicada la casa de seguridad.
“Pocos días después se presentaron agentes de investigación federales que prometieron hacer un recorrido y la búsqueda de nuestros hijos. El testigo les mostró en Google Maps cómo era el recorrido y la casa donde estuvieron secuestrados”, señaló una de las mujeres.
Pasaron días y les dijeron que el testigo no accedía ir a Veracruz y argumentaron que tampoco podía ir ellos (los policías) solos porque no les habían autorizado los viáticos.
“Pasaron varios días más e insistimos sobre ese lugar y el ministerio público nos dijo que no era posible porque los policías que teníamos los habían cambiado y que aún no le asignaban agentes para hacer esa diligencia. Hemos pasado muchísimas negligencias para buscar en tiempo y forma. A pesar de que existe un testigo y brindó muchísima información no se ha hecho nada”, dijeron las mujeres.
Martha Miranda es mamá de Javier de Jesús González Miranda y la señora Sonia Hernández Camacho es madre de Daniel Hernández Hernández.
En primera instancia no quisimos denunciar por el miedo que teníamos a los secuestradores, fueron nuestros familiares quienes se encargaron de la negociación pero el último día que tuvimos comunicación con ellos fue el 30 de julio”, apunta Martha Miranda.
Las familias tienen su denuncia en el fuero federal dentro de la Seido y también existe una carpeta en el fuero común del estado de Veracruz.
“No se ha hecho nada, no hemos podido acceder a la carpeta de investigación (federal), ni se han hecho algún operativo para la búsqueda en vida. Van tres veces que cambian a nuestro ministerio público a nivel federal y siempre tenemos que empezar de cero. Pero en un año no se ha hecho nada”, lamentó Sonia Hernández.
Al ver qué no tenían respuestas en el fuero federal y que sufrían tratos revictimizates, acudieron a Veracruz el 9 de octubre y se integraron al colectivo “Justicia y dignidad de Veracruz”.
En esa entidad les tomaron las muestras genéticas para confrontarlas con los cuerpos que pudieran llegar a los servicios médicos forenses de ese estado, pero la autoridad perdió estas pruebas de ADN.
“Nos sacaron las muestra en octubre del 2020 y en marzo del siguiente año nos hablaron para decirnos que estaban perdidas. Nos volvieron a sacar la muestra genética pero aun así hemos tenido que ir a ver los cuerpos no identificados de los servicios forenses. Si ellos tuvieran nuestra prueba e hicieran su trabajo, no tendríamos por qué estar viendo cuerpos quemados, descuartizados y mutilados en los Semefos”, explicó Martha.
En la Seido también les tomaron pruebas ADN, pero es fecha en la que no se las han dado.
Ni siquiera hemos podido tener acceso a nuestra carpeta de investigación. No entiendo que está pasando, son muchísimas personas desaparecidas y la autoridad no hace nada. Queremos que nos apoye a buscarlos en vida, yo sé que mi hijo está vivo, yo necesito que se pongan a trabajar para que busquemos a mi hijo y lo encontremos con vida”, concluyeron las buscadoras.
Las familias no se conocían pero fue la desaparición de sus muchachos lo que las hizo unirse para sacar adelante el caso que a un año no ha tenido ningún avance a pesar de toda la información con la que cuentan las autoridades.