La Estela de Luz, un monumento construido en la Ciudad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, ha sido calificado por muchos ciudadanos como “el monumento a la corrupción”, pues no cumplió ni en tiempo para lo que originalmente se planeó, y tampoco en costos pues resultó más caro de lo previsto.
Dicho monumento se planeó originalmente para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y debía estar listo en septiembre de 2010, sin embargo, se inauguró 16 meses después, es decir, en enero de 2012.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Estela de Luz costó 192% más de lo programado, pues pasó de 393 millones de pesos, a mil 146 millones de pesos.
El Informe sobre la Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz 2009-2011 reveló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no cumplió con apegarse a las normas que tenía para realizar funciones como inspección y vigilancia de la construcción de dicho monumento.
Los informes de las tres auditorías que llevó a cabo la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP) fueron entregados a las entidades auditadas seis meses después de su conclusión, sin que exista evidencia que justifique el atraso; asimismo, no se integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa con base en las observaciones determinadas”, señaló la ASF.
“Los órganos internos de control en I.I.I. Servicios y en la Secretaría de Educación Pública (SEPINEHRM) no realizaron oportunamente el seguimiento de las observaciones notificadas por la UCAOP, ni las acciones necesarias para resolver los asuntos observados”.
La empresa encargada de construir la Estela de Luz fue una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) llamada III Servicios S.A. de C.V, cuyo director en el momento de la encomienda era Agustín Castro Benítez.
Se acusó que desde dicha empresa se gastaba 747 mil pesos mensuales en la compra de recursos que no estaban relacionados con la edificación de la Estela de Luz como vehículos e incluso mobiliario y adaptación de su oficina, a través de contratar una empresa llamada Muebles de Marca.
En agosto de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA) ordenó a los constructores resarcir el daño de sobrecosto.
La orden fue específicamente para Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, quienes eran trabajadores de la filial Pemex, III Servicios S.A. de C.V, y devolver 447.1 millones de pesos, ya que concluyeron que hubo una simulación de compra de acero inoxidable a un costo más alto.
Ambos ex funcionarios públicos impugnaron la resolución de la Dirección General de Responsabilidades de la ASF, pues aseguraban no hubo daño a la Hacienda Pública porque el dinero salió del fiduciario (Banjército) y fue pagado a III Servicios SA de CV y ambas pertenecen a la Administración Pública Federal, sin embargo el argumento fue desechado.