La Policía Federal brasileña cumplió mandatos de registro e incautación de posibles pruebas en las residencias de ocho empresarios aliados del presidente Jair Bolsonaro y que son acusados de compartir mensajes golpistas en las redes sociales.
Las búsquedas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema, quien asumió el proceso abierto la semana pasada después de que la prensa divulgara los mensajes en que los empresarios defienden un Golpe de Estado en caso de una victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2 de octubre.
De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, las ocho órdenes de registro se llevaron a cabo en las residencias de los empresarios acusados en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.
Los empresarios investigados son conocidos aliados del ultraderechista Bolsonaro, que aspira a ser reelegido en octubre, pero al que los sondeos lo muestran en clara desventaja frente a Lula, con cerca de 30% de la intención de voto y muy por debajo del cerca de 45% que obtendría el líder progresista.
Además de los registros, la Corte Suprema ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de las cuentas en redes sociales de los empresarios investigados.
Igualmente, determinó el levantamiento del secreto bancario de los mismos y que la Policía Federal los convoque a interrogatorio para prestar testimonio.
Empresarios investigados
Entre los empresarios investigados destaca Luciano Hang, propietario de los grandes almacenes Havan; Meyer Nigri, de la constructora Tecnisa; José Isaac Peres, de la red de centros comerciales Multiplan, e Ivan Wrobel, de la constructora W3.
Asimismo, son investigados José Koury, del centro comercial Barra World Shopping; André Tissot, presidente del Grupo Serra; Marco Aurélio Raimundo, de la compañía Mormaii, y Afranio Barreira, de la red de restaurantes Grupo Coco Bambu.
Los mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp fueron divulgados por el diario Metrópoles y, después de estallar la polémica, los empresarios admitieron integrar el chat, pero negaron haber defendido cualquier acto inconstitucional y se ampararon en su derecho a la libertad de expresión.
“No somos conspiradores ni partidarios de ningún golpe. Los mensajes obtenidos en un grupo privado de amigos fueron distorsionados en su sentido y contexto”, afirmó Koury en un comunicado.
La operación contra los aliados de Bolsonaro se produce tras las insistentes declaraciones en las que el líder ultraderechista ha puesto en duda la transparencia del sistema electrónico de votación de Brasil y ha asegurado que es susceptible a ser objeto de fraudes.