En el último año, se han registrado al menos 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país, así lo señala el más reciente informe presentado por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos detallaron en el documento que, de junio de 2021 a mayo de 2022, la entidad federativa con mayor número de asesinatos a este sector social fue Oaxaca con ocho casos.
Le sigue Morelos, Sonora y Puebla, cada una con tres; mientras que Michoacán, Chiapas y Guerrero, con dos casos; Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua, reportaron uno.
El texto añade que de este universo 25 defensores fueron hombres y tres mujeres.
Ejecuciones de Indígenas
El informe Defender los Derechos Humanos en México: Entre la omisión y la simulación señala que de los 28 defensores asesinados, cinco son indígenas Triquis; dos son indígenas Tzotziles; dos Yaquis; un Ñañhu y una persona afrodescendiente. En tanto que 15 son personas que no pertenecen a alguna etnia indígena.
De acuerdo con los datos compartidos en el informe, en uno de los casos el perpetrador habría sido un grupo paramilitar ligado a autoridades de una entidad federativa; en otro caso, presuntamente fue la Policía municipal de Coyomeapan, en Puebla, quien asesinó a un defensor, mientras que la Policía Estatal, de esta entidad, presuntamente cometió cuatro ejecuciones de esta naturaleza. En 22 de los casos no se pudo identificar al perpetrador.
No obstante, el Comité Cerezo y las organizaciones señalaron que a pesar de que este dato es desconocido, esto no quiere decir que no obedezcan a algún agente del Estado.
“El alto número de casos donde se desconoce al perpetrador se puede explicar debido a que este tipo de violación a los Derechos Humanos se ejecutan justo con la intención de ocultar la responsabilidad de agentes del Estado con el objetivo de que no impliquen un costo político muy elevado al Estado mismo”, señala el informe.
El documento añade que es claro que las personas defensoras de Derechos Humanos más atacadas por este delito se encuentran relacionadas con la defensa del territorio y éstas sumadas a aquellas defensoras del medio ambiente superan 50% de los casos.
Además, hay que destacar que de los 28 defensores, cinco eran miembros de grandes organizaciones, cuatro son periodistas -una de ellas mujer-, dos defensores de los Derechos Humanos y otros dos luchaban por la autodeterminación de los pueblos.
Con todo ello y sobre este tema, el informe concluye que durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador existe una tendencia al aumento de este fenómeno.
Desaparición Forzada
El informe anual de las organizaciones resalta que durante los primeros tres años y seis meses del actual mandato, 54 personas han sido víctimas de desaparición forzada, 29 corresponden al periodo de junio de 2020 a mayo de 2021 y 19 al último año.
Del total de casos de este año ocho ocurrieron en Chiapas y cinco en Guerrero. Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán registran uno cada entidad.
De acuerdo con los colectivos, en seis de los casos documentados en Chiapas las víctimas son integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o integrantes de sus bases de apoyo y los posibles perpetradores podrían ser grupos paramilitares.
Además de las 19 desapariciones forzadas documentadas en el informe, 11 culminaron con la libertad de las víctimas, mientras que en cinco casos el paradero de las víctimas es hasta el momento desconocido, dos fueron ejecutados y uno más permanece en prisión.
Sobre este tema el documento señala que este delito es cometido de manera selectiva en contra de defensores de los Derechos Humanos.
“Sin embargo la desaparición forzada en contra de amplios sectores de la población sigue siendo masiva en algunas entidades de la República y las principales víctimas son jóvenes”, señala el informe.
El texto añade que de junio de 2021 a mayo de 2022, se registraron 118 eventos que violaron los Derechos Humanos en contra de defensores. El total de estos eventos afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y tres familiares. Asimismo, existieron 307 casos de detenciones arbitrarias.