La jueza Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz concedió la suspensión definitiva a Jesús “M” contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, de los que se le acusa derivado del caso Ayotzinapa.
Quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por inventar y fabricar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La decisión de la impartidora de justicia se deriva de un juicio de amparo que promovió la defensa del imputado, por lo que ahora, el juzgador Marco Antonio Fuerte Tapia, quien lleva el caso, no podrá convocar a que se inicie el juicio oral contra el exprocurador.
Sin embargo, la misma juzgadora se declaró incompetente para seguir resolviendo, por lo que el caso se turnó a un nuevo juzgado, el Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, para que resuelva el amparo de fondo.
Pese a esto, el exfuncionario permanecerá en prisión y la Fiscalía General de la República aún puede apelar el fallo, por lo que no se detiene la investigación, solamente se frena el inicio del juicio mientras se resuelve el amparo.
Diferencias entre la “verdad histórica” y el informe de la Comisión en el caso de Ayotzinapa
Existen puntos distintos entre la llamada “verdad histórica” del exprocurador Jesús “M” en comparación con los resultados obtenidos por la Comisión para la Verdad y Justicia de Ayotzinapa, que investiga el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Punto Uno
El primero punto diferente es que la versión de Jesús “M” rechazó que se tratara de un crimen de Estado y se concretó en señalar que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales, que los entregaron al grupo delictivo “Guerrero Unidos”.
Asimismo, esta versión sostuvo que este grupo delictivo fue el que los desapareció, por lo que Jesús “M” se deslindó así de toda responsabilidad a autoridades municipales, estatales y federales e incluso a miembros del Ejército.
Por su parte, la Comisión de la Verdad afirma que la desaparición de los estudiantes se trató de un crimen de Estado, en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada, coludidos con autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación de mandos y tropas del Ejército Mexicano.
Punto Dos
Con el fin de cerrar el caso, el exprocurador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su “verdad histórica” atribuyó únicamente al grupo “Guerrero Unidos” lo ocurrido con los jóvenes, con la complicidad de las policías municipales del estado.
Según la “verdad histórica”, los 43 normalistas fueron agredidos y retenidos por este grupo delictivo para llevarlos a todos al basurero de Cocula, asesinarlos y quemarlos.
En cambio, el informe actual señala que luego de la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, ya que fueron separados en tres grupos, para posteriormente ser asesinados y llevados a lugares distintos.
Punto Tres
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y sus acusaciones hechas durante la audiencia de imputación, tras la desaparición de los normalistas, Jesús “M” celebró “conclaves con altos mando de las Fuerzas Armadas y la extinta Policía Federal”.
De esta forma, la llamada “verdad histórica” se fundó sobre la base de un montaje, con la manipulación de la información y testimonios obtenidos a base de torturas, para establecer hipótesis ajenas a la verdad de los hechos.
Mientras que el informe actual de la Comisión de la Verdad concluye que la creación de la “verdad histórica” fue una acción concretada desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escenas del crimen y torturó, hasta configurar un crimen de Estado.
Esta manipulación fue tal que a la fecha no existen indicios de vida sobre los 41 normalistas que faltan por encontrar, ni la certeza de que hayan sido incinerados.
Punto Cuatro
La versión de Jesús “M” nunca mencionó que entre los estudiantes hubiera un elemento del Ejército que había sido infiltrado para conocer de las actividades de los estudiantes, y por el cual tampoco hizo nada el Ejército para rescatarlo y protegerlo.
Por su parte, la Comisión da cuenta de la existencia de este joven, que se llamaba Julio César López.