La violencia y las irregularidades son el común denominador en los desalojos masivos del Centro Histórico de Ciudad de México. Tan sólo en el último mes se ha registrado, por Once Noticias, tres desalojos forzosos de manera masiva, sin embargo, la historia de las personas que vivía dentro de esos inmuebles se ve fracturada.
El Centro Histórico ha vivido un cambio enorme en el último lustro, la gente que creció en el barrio, que lo construyó y que lo sigue sosteniendo con su trabajo ha sido expulsada de manera violenta y con el auspicio de la fuerza pública.
El edificio donde iban a la comida corrida o a comer una quesadilla, ahora ofrece servicios para hospedar turistas extranjeros a través de aplicaciones. Las rentas en el cuadro central subieron 300% y los comerciantes de las calles fueron sustituidos por empresas multinacionales.
Los grafitis de “arte urbano” que encarecen las paredes del Centro Histórico, también esconden los macanazos, las patadas y las armas que expulsaron a las familias originarias del barrio.
Esta es la historia de una mujer de la tercera edad y sus hijas que han resistido a los embates de la especulación inmobiliaria y la fuerza pública.
Rufina Galindo llegó desde los seis años a la ciudad, es una auténtica chilanga que viene de Tecomavaca, Oaxaca, el propósito era que su padre recibiera atención médica, sin embargo, el señor falleció y ella quedó bajo la custodia de uno de sus tíos que ya vivía en el edificio de la calle Emiliano Zapata 68, del Centro Histórico.
En esos pasillos creció, conoció el amor y el desamor. Ahí crio a sus cuatro hijas que también crecieron y tuvieron hijos, todos corriendo por los pasillos, jugando o peleando con los vecinos, que desde hace décadas compartían la responsabilidad de ese inmueble.
En 2002, inician un juicio de prescripción desde una asociación que formaron todos los poseedores de alguno de los 24 departamentos. El proceso quedó inconcluso por el Instituto de Vivienda y fue ahí donde inició el terror de perder el hogar donde varias generaciones habían formado una comunidad.
Once años más tarde, el 13 de julio de 2016, llegaron más de 800 granaderos al edificio de Emiliano Zapata 68; ninguno de los habitantes fue avisado o notificado de lo que sucedería esa madrugada.
Rufina dormía hasta que los golpes de mazo y la marabunta de uniformados querían derribar el portón de entrada. Llegó un helicóptero de donde bajaron policías armados.
Estaba en la azotea con un manojo de papeles que agitaba como mostrándoselo a los que bajaban por las cuerdas del helicóptero “tenemos un amparo, tenemos un amparo”, gritaba Rufina a los de la ensordecedora maquina voladora.
Una de sus hijas la metió a jalones, los policías entraron: apuntaban a las canas de la señora mientras le preguntaban por túneles, armas y drogas. Ella logró correr a su departamento.
Muchos de los vecinos terminaron encañonados y sometidos en los mismos pasillos donde años atrás jugaban a la pelota. Desde ahí veían cómo los granaderos les robaban sus pertenencias de valor antes de que sacaran sus muebles a la calle. Los uniformados rompieron las ventanas, los muebles de baño y hasta algunas tuberías para los departamentos fueran inhabitables. Un equipo de herreros llegó a rematar con puertas de metal que soldaron en la entrada de los departamentos desalojados, para impedir que las familias pudieran entrar de nuevo.
A pesar de que cada vivienda estaba en un juicio diferente y de que las órdenes de lanzamiento venían a nombre de personas que no vivían ahí, esa madrugada vaciaron diez de los 24 hogares en Zapata 68, sin embargo, no hubo diez actuarios que se presentaran, ni diez órdenes de desalojo que se emitieran para el mismo día.
Niños, adultos mayores y personas con discapacidad terminaron en la calle de un momento a otro y sin la opción de defenderse pues según los expedientes su nombre no estaba como parte del juicio.
Detrás de todo ese movimiento está el nombre de Ricardo Piñeyrúa que tras ese desalojo masivo siguió abriendo procesos judiciales de manera individual.
Los vecinos que quedaron fueron expulsados poco a poco con el mismo mecanismo (sin notificaciones y con juicios a nombre de otras personas), en ocho desalojos más dejaron vacío el edificio. Para el año 2018 las únicas que quedaban eran Rufina, sus hijas, sus nietos y sus bisnietos.
Ese año, un grupo de choque llegó al predio, tocaron la puerta y comenzaron a discutir con las mujeres y los menores que estaban en el edificio, alguno que otro amenazó con matarlas si no les dejaban pasar, dijeron que venían a nombre de Ricardo Piñeyrúa porque él les había rentado los departamentos. En la esquina se veía el pálido rostro del supuesto arrendado, observaba a sus invasores peleando con las mujeres hasta que la fuerza bruta del grupo de choque abrió las puertas.
Ahora no hay niños, ni abuelitos compartiendo el mismo espacio, ahora Rufina se levanta por las madrugadas, porque alguno de los invasores esta tronando su pistola o gritando. Rufina no puede entrar y salir del edificio porque ahora hay un candado en la puerta y la única llave la tiene uno de los nuevos vecinos que, según su humor, decide cuándo abrirlo. Tampoco puede tener visitas sin que le cuestionen y la amedrenten, pues todo lo que ella hace está vigilado por cámaras que ellos colocaron en el edificio.
El número 21 es el único departamento habitado por las antiguas poseedoras, las mujeres Galindo resisten en medio de un edificio tomado, no pierden la esperanza de que los desalojos se detengan y que por fin puedan vivir en paz, sin embargo, a cinco años del primer episodio temen que el último desalojo este por derribar su puerta y con ella su historia en el barrio. Cada noche guarda en una bolsa de supermercado los papeles de sus juicios y amparos que sustentan el derecho que tiene sobre su hogar.
Los proyectos para el Centro Histórico de la Ciudad de México parecen tener contempladas a las personas originarias de esta zona, pues a lo largo de los últimos cinco años se han registrado más de 25 desalojos masivos en el corazón de la capital mexicana que han expulsado a sus habitantes. Algunos edificios o vecindades fueron derribadas, otras remodeladas y encarecidas para los turistas que quieren vivir el “folclor chilango”, sin embargo, las personas que daban vida a ese “folclor” han sido expulsadas a las periferias de la ciudad de manera violenta y sin derecho a una defensa justa.