La figura de Consulta Popular entró en vigor en marzo del 2014 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que a siete años y cinco meses de su existencia, se llevará a cabo la primera en su tipo a nivel nacional el próximo 1 de agosto.
De acuerdo con dicha ley emitida en el sexenio anterior, la consulta popular “es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.
La propia ley explica que el término de “trascendencia nacional” en el tema propuesto para una consulta es cuando éste contenga elementos como que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y que impacten en una parte significativa de la población.
El próximo 1 de agosto del 2021 la pregunta en la Consulta Popular será la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE, es el encargado, por definición en la propia Ley, de organizar y desarrollar la consulta, por lo que la del próximo 1 de agosto estará completamente organizada por dicho Instituto.
Los consejeros del INE han señalado que el Instituto llevará a cabo la consulta al cumplir con todos los mandatos legales y los estándares necesarios para cumplir con dicha jornada.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE afirmó al inicio de los trabajos para la Consulta Popular, en abril pasado, que cumplirán con sus obligaciones constitucionales, aunque apuntó que un ejercicio de este tipo necesita mayor presupuesto.
Nadie está obligado a lo imposible, pero esta es una institución que sabe enfrentar situaciones adversas. Y sabe hacerlo exitosamente, porque el INE se debe a la sociedad mexicana y hará todo lo que esté en sus manos para que ese derecho fundamental de las y los ciudadanos mexicanos consagrado en el Artículo 35, pueda llevarse a cabo”, señaló Córdova Vianello.
La consejera Adriana Favela Herrera aseguró que el INE realizaría esta Consulta Popular con todos los estándares de calidad internacionales.
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona afirmó que darán garantía para que el voto en la Consulta Popular sea secreto, aunque remarcó que para un ejercicio de dicha naturaleza se requería de una mayor asignación presupuestal.
“Habrá garantías para la secrecía del voto, que los principios de legalidad, la certeza jurídica y la transparencia del proceso estarán a salvo, pero también es cierto que este gran recorte presentará nuevas dificultades, generará costos institucionales”, advirtió durante la sesión extraordinaria que celebraron en abril para aprobar, por unanimidad, el Plan Integral, Calendario y Lineamientos para realizar la Consulta Popular 2021 el próximo 1° de agosto.