La farsa de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país. Con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado.
Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, Tlatlaya, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes, para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno. Todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles.
Esta es una de esas, las otras mentiras históricas:
Matanza de El Bosque, 10 de junio de 1998; las mentiras de Ernesto Zedillo y Roberto Albores Guillén.
Sólo unos meses después de la matanza de Acteal, la sangre volvió a derramarse en las comunidades indígenas de Chiapas, pero esta vez sería en el municipio de “El Bosque”, a solo unos kilómetros de Acteal.
El Gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo, y el estatal a cargo de Roberto Albores, continuaban con la estrategia de desestabilizar el norte de Chiapas, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cada vez ganaba más terreno.
Las comunidades indígenas declaraban zonas autónomas los municipios que habitaban y los dos órdenes de gobierno no permitirían estos movimientos insurgentes, por lo que, al igual que en Acteal, realizaron un operativo para según ellos “pacificar la región”.
“Es muy curioso porque la justificación es restablecer el orden, en El Cinco tampoco lo justificaban, es decir entre una de las comunidades indígenas con el fin de llevar a cabo detenciones de presuntos miembros del EZLN, sin órdenes de aprehensión, sin investigaciones de por medio, lo cual generó también pues mucha angustia por parte de las comunidades”, dijo Michael Chamberlin, consultor experto en Derechos Humanos.
En la madrugada del 10 de junio de 1998 cientos de soldados y policías acompañados por helicópteros y vehículos artillados entraron a cuatro comunidades del municipio de El Bosque.
En una de ellas, se retiró la población adulta masculina; en la otra, las mujeres resistieron e impidieron la entrada del ejército, pero en las otras dos, los indígenas resistieron como pudieron. Los indígenas y zapatistas intentaron resistir y contrarestar el ataque de los cuerpos de seguridad, que a su entrada disparaban y golpeaban a los habitantes.
“En este caso si entra la policía junto con el ejército, curiosamente se dice que lo hicieron así para no repetir otro Acteal y no se entiende si era para uno usar a los grupos paramilitares, entonces entraron directamente el ejército con la policía también se identificaron grupos o personas pertenecientes al entonces Cisen”, añadió Michael Chamberlin.
Por su parte, Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos “Frayba”, dijo: “ese 10 de junio, llegaron helicópteros, aviones del ejército y cerca de mil efectivos al territorio de los poblados. Entraron al Bosque pero también hubo un operativo en Unión Progreso a los plátanos y lo que generaron fue una serie de detenciones arbitrarias; sólo en El Bosque fueron 53”.
Indicó que en total fueron más de 100 personas detenidas, privadas arbitrariamente de su libertad.
El día terminó con un saldo de nueve muertos: ocho personas de la comunidad y un policía muertos. También hubo 53 detenidos, entre ellos dos menores de edad, así como robo con violencia y tortura.
El Gobierno declaró que no se había roto la tregua ni la ley para el diálogo y que el operativo era para capturar delincuentes, asegurar armas y restablecer el Estado de Derecho.
“La versión del Gobierno es que se hizo el operativo para generar paz en el territorio; todas las situaciones que estaban sucediendo en diferentes partes de Chiapas se calificaban como conflictos intercomunitarios que es una perspectiva sumamente racista”, enfatizó Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos “Frayba”.
Añadió que el Estado sostenía que hicieron todo este operativo porque había armas por parte del EZLN en el territorio y por lo tanto iban a sacar esas armas de lugar, situación que dejó en claro que ahí no había ninguna arma.
La realidad fue otra, las órdenes de entrar a la comunidad para detener, asesinar y torturar a la población indígena, fue producto de la política del gobierno de Zedillo para extinguir a esta población, conocido como el Plan Chiapas 1994.
“Es una política deliberada para atacar a la población civil de manera sistemática, eso fue lo que pasó en Chiapas, pero si le pones también el acento de que estas poblaciones son indígenas y además que hay elementos para considerar que la política del Gobierno Federal de entonces tiene una perspectiva discriminatoria cómo te lo explica el libro blanco de Acteal, yo creo que podríamos estar hablando ya no de delitos de lesa humanidad, si no de genocidio”, aseguró Michael Chamberlin.
Incluso el gobierno de Ernesto Zedillo y de Roberto Albores justificaron la agresión, asegurando que solo repelieron las agresiones.
“Específicamente en este operativo quien tiene la responsabilidad es el gobernador de ese entonces que era Roberto Albores Guillén”, señaló Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos “Frayba”.
Hoy, a más de 24 años de esta matanza de ocho pobladores de la región de El Bosque, de la tortura y las detenciones arbitrarias, sigue sin haber justicia y continúa impune “la verdad histórica” sobre las razones de esta matanza.
“Una de las circunstancias que tenemos en México es una gran deuda histórica sobre las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad; si hacemos el recuento de todas las masacres desde el 50, hasta el momento, ninguna se ha significado o sea el Estado no ha sido capaz de investigar si así mismo”, puntualizó Pedro Faro.