En los últimos cinco años, México atraviesa una crisis del refugio agudizada en sus ciudades fronterizas. Las personas que solicitan refugio en el país llegan de forma multitudinaria (tal es el caso de las personas centroamericanas, caribeñas y africanas) y se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que sus proyectos migratorios se han visto detenidos debido a los cambios en las políticas migratorias del país vecino y actualmente por el cierre de fronteras debido al COVID-19, además son obligados a quedarse en ciudades fronterizas, lo que representan un riesgo para sus vidas.
Las instituciones federales y estatales no están fortalecidas para enfrentar la intensificación de estas migraciones forzadas, por lo que no ofrecen apoyos integrales y hacen vulnerables los derechos humanos, asegura Paris Pombo, especialista e investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
En relación con el desplazamiento forzado global, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se estimó la existencia de más de 79.5 millones de personas desplazadas. De ellas, 26 millones son personas refugiadas, 4.2 millones de solicitantes de protección internacional (asilo) y 49.3 millones de personas en desplazamiento forzado interno.
En México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de enero a mayo del 2021, 41 195 personas han solicitado refugio en el país.
Las principales entidades que registran mayores solicitudes de refugio son:
- Chiapas (Tapachula y Palenque): 29 566 personas
- Ciudad de México: 5 237 personas
- Tabasco: 3 501 personas.
- Baja California: 1 530 personas
- Veracruz: 1 361 personas
Las principales nacionalidades son:
- Honduras: 19 033 personas
- Haití: 7 135 personas
- Cuba: 3 769 personas
- El Salvador: 3 088 personas
- Venezuela: 2 369 personas
- Guatemala: 2 063 personas
México tiene una tradición de refugio con respecto a población exiliada por las dictaduras latinoamericanas que azotaron a la región en el siglo pasado; cabe destacar el exilio argentino, uruguayo o chileno. En la década de los setenta y los ochenta, Centroamérica atravesó una serie de conflictos derivados de las guerras civiles y dictaduras que se volvieron la primera causa para empujar a las personas a exiliarse. También, durante la dictadura de los Duvalier, en Haití, expulsó a un grupo de intelectuales y académicos, que llegaron exiliados a México. No hay que olvidar tampoco el franquismo que expulsó a la población española, y que llegó refugiada a México.
Sin embargo, la figura del refugio, en los últimos años ha sido problemático y de acuerdo con Paris Pombo, en su investigación La crisis del refugio en México, afirma que “las situaciones de vulnerabilidad se agravan en familias, personas con capacidades diferentes, personas de la diversidad sexual, indígenas, niños, niñas y adolescentes”. Además, en los últimos años han llegado poblaciones migrantes de forma multitudinaria, organizada en Caravanas, lo que ha puesto al país y a sus instituciones en una situación en la cual se han visto rebasados.
Además, atisba a decir que hay otros factores como las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, cuyas medidas son cada vez más punitivas contra las personas que buscan el asilo, y la colaboración del gobierno mexicano cuyo papel ha sido fundamental, porque trabaja en estrecha colaboración para frenar y disuadir la migración. Todas estas situaciones han provocado que las personas cambien sus proyectos migratorios, ya que al ver imposibilitado su plan para llegar a Estados Unidos, se vean obligados a solicitar refugio en México, que era, hasta entonces, país de tránsito.
Además, la académica denuncia que las instituciones estatales y federales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en sus sistemas municipales, estatales y nacional, no se han visto fortalecidos por el Estado, por lo que no aseguran la atención integral a las personas, para asegurar y resguardar sus derechos humanos.
Es importante señalar que pese al contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 han aumentado las deportaciones y detenciones, por ejemplo, los medios de comunicación, denunciaron que, entre abril del 2019 y enero del 2020, México había deportado a 577 haitianos en tres viajes hechos abordo de un avión de la Policía Federal desde Tapachula. La deportación ha estado presentado pese al contexto de pandemia.
Además, el refugio ha respondido de distinta forma a sus flujos de inmigrantes. La aplicación de este sistema no funciona igual para la población centroamericana que para los haitianos, sólo por mencionar un caso comparativo. Desde el 2015 se observa un aumento en el número de solicitudes de refugio en México, pero suele ser negada mayoritariamente a personas centroamericanas.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados hay una diferencia importante en los términos de refugiados que se debe considerar:
Las personas refugiadas huyen de conflictos armados o persecución y se ven imposibilitados de volver a sus países de origen porque sus vidas, su seguridad o libertad corren peligros. Al cruzar fronteras en países vecinos o al llegar a otros países, los Estados y las organizaciones internacionales deben de responder con asistencia a estas personas. Según la Convención de Ginebra, las personas refugiadas no deben ser expulsadas o devueltas.
Para los gobiernos esa distinción es importante porque de ella depende la aplicación de los marcos jurídicos específicos sobre asilo y protección, que se enmarca en Convenios Internacionales y legislaciones de cada país.
Esto último ha sido un problema, por ejemplo, para América Latina porque no todos los países poseen esta figura jurídica, ya que durante largo tiempo la región ha sido expulsora y no receptora, por lo que resulta problemático.
La autora afirma que México no tiene un sistema de acogida o de integración de las personas refugiadas, además de que las leyes y políticas encargadas de la resolución migratoria son muy recientes por lo que están sometidas constantemente a modificaciones. Asimismo, México tiene instituciones con capacidades limitadas para atender los requerimientos internacionales y proteger los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.