El pleno de la Cámara de Diputados aprobó endurecer las penas por el delito de feminicidio y de homicidio hasta en una tercera parte en su mínimo cuando haya una medida cautelar en contra de quien cometa este delito.
La reforma a los artículos 310 y 310 bis fue aprobada por 450 votos a favor, cero abstenciones y pasó al Senado de la República para su análisis y votación.
El documento adiciona el artículo 307 Bis para precisar que “a quien cometa el delito de homicidio, a pesar de tener una medida cautelar impuesta por delito diverso cometido en contra de la víctima, se le aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo”.
Menciona que, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de feminicidio mantiene una incidencia de 600 casos en México y durante agosto de 2022 el máximo histórico registrado por las autoridades alcanzó un promedio de 11.5 casos cada 24 horas.
La finalidad es imponer una pena diferenciada a aquellos sujetos activos que cometan el delito de homicidio, para proteger el bien jurídico de la vida. La propuesta es acorde con lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
Reconoce la vulnerabilidad que enfrenta la mujer de sufrir actos de violencia en su contra, como en el caso del feminicidio, entendido como la expresión máxima de violencia de género, pues culmina con la vida de la mujer.
En este sentido, la introducción de una propuesta tendiente a sancionar a los sujetos activos del delito de feminicidio, a pesar de tener impuesta una medida cautelar, resulta acorde con garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia, establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Las medidas cautelares tienen como objetivo asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Sin embargo, en algunos casos el efecto disuasorio de la medida no se cumple, sino que el agresor reacciona en una forma adversa y la imposición de estas medidas cautelares se convierte en una motivación para escalar la agresión hacia la víctima.