Faltan 12 días para el día de las elecciones en Estados Unidos, pero en los tribunales de todo el país, ya comenzaron los esfuerzos para sembrar dudas sobre el resultado. Se han presentado más de 100 demandas este año en torno a las elecciones intermedias.
Las demandas, en gran parte de los republicanos, se enfocan en las reglas sobre la votación por correo, la votación anticipada, el acceso de los votantes, las máquinas de votación, el registro de votantes, el conteo de boletas en ausencia mal marcadas y el acceso de los observadores electorales partidistas.
Es la mayor cantidad de litigios antes de una elección y es probable que sea una vista previa de un panorama postelectoral potencialmente polémico.
La estrategia nació en parte del fracaso de las y los aliados del expresidente Donald Trump para desafiar y anular con éxito los resultados libres y justos de las elecciones presidenciales de 2020.
El esfuerzo electoral de 2020 fue una respuesta encabezada por una colección de abogados cada vez menos preparados que incluían a Rudy Giuliani. El esfuerzo de hoy es una campaña más formalizada, bien financiada y bien organizada dirigida por el Comité Nacional Republicano y otras organizaciones legales.
¿Qué hacen los partidos?
Los republicanos acusan de fraude. Los demócratas acusan la represión y de ayudar a aquellos a quienes se les niega la oportunidad de votar. Cada lado amplifica su posición con cantidades masivas y costosas de litigios y mensajes.
Los demócratas también tienen un equipo dirigido por el abogado Marc Elias y su firma, la cual está litigando aproximadamente 40 casos en 19 estados, algunos en los que han intervenido en juicios encabezados por republicanos.
Elias dijo que se prepara para una avalancha de litigios que desafían los resultados electorales, particularmente porque algunos candidatos republicanos ya han dicho que no aceptarán una derrota o han sembrado dudas sobre el proceso electoral a pesar de que no hay evidencia de fraude.
Demandas anteriores
En 2020, las y los observadores electorales republicanos, que no tienen un papel directo en las elecciones y no pueden interferir en el proceso electoral aparte de observar y reportar problemas, fueron la base de muchas de las demandas presentadas por los aliados de Trump.
Asimismo, las y los trabajadores electorales han sido cada vez más objeto de abusos y amenazas de violencia . En los estados disputados, los casos de intimidación de votantes van en aumento.
Existe una creciente preocupación entre las y los funcionarios electorales y las fuerzas del orden sobre observadores electorales demasiado agresivos o personas que fingen ser observadores electorales que intimidan a las y los votantes.
RNC gana desafío
La semana pasada, el Comité Nacional Republicano (CNR) ganó un desafío legal contra la secretaria de estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, quien buscó reprimir el partidismo de rango emitiendo reglas sobre cómo pueden operar los que impugnan las encuestas.
“Jocelyn Benson no solo hizo caso omiso de la ley electoral de Michigan al emitir esta guía, sino que también violó los derechos de los partidos políticos y los contendientes electorales para garantizar la transparencia y promover la confianza de que las elecciones de Michigan se llevan a cabo de manera justa y legal”, señala un comunicado.
El RNC ha ganado desafíos legales en Nevada y Arizona sobre el nombramiento de trabajadores electorales y en Wisconsin sobre curado de boletas y buzones.
Otras acciones legales incluyen litigios en Pensilvania sobre la fecha de las boletas de voto en ausencia y si se debe permitir que terceros externos examinen las máquinas de votación.
¿Dudas de las elecciones?
Las y los funcionarios estadounidenses vuelven a hacer sonar la alarma de que Rusia está trabajando para aumentar las dudas sobre la integridad de las elecciones.
Esta semana, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que ninguna actividad cibernética externa ha impedido que un votante registrado emita su voto. comprometió la integridad de cualquier voto emitido, o afectado la precisión de la información del registro de votantes.
Además, prometió que el Gobierno supervisará cualquier amenaza “a nuestras elecciones si surge y trabajará como una interagencia cohesiva y coherente para llevar información relevante a los funcionarios electorales y trabajadores en el terreno”.