El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, a través de un vídeo, denunció una intensa campaña para desacreditar las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
“En las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado. Era totalmente predecible, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder”, comentó Alejandro Encinas.
Asimismo, dijo que quienes le apuestan a la impunidad jamás se imaginaron que se iban a tomar acciones y decisiones puntuales para resolver este asunto.
Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación sentenció Encinas.
Además, mencionó que mantiene su relación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una instancia creada en 2015 por acuerdo entre el Gobierno, encabezada en ese entonces por el expresidente Enrique Peña Nieto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el caso y reconoció que hay “algunas diferencias”.
Estamos construyendo una ruta de trabajo conjunta y nuevas líneas de investigación”, comentó.
“Queremos conocer la verdad”
También dijo que a pesar de la articulación de quienes buscan el silencio y la impunidad, no se distraerán de su trabajo fundamental, ya que se quiere conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia.
Nuestro mandato es conocer la verdad, mantenemos una estrecha relación con las familias, con la fiscalía especial, y en particular con el nuevo fiscal, con quien tenemos una estrecha relación”, detalló Alejandro Encinas.
GIEI descarta guerra de peritajes por caso Ayotzinapa
El lunes, el GIEI, que coadyuva en la investigación de lo acontecido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los 43 jóvenes normalistas agredidos y desaparecidos, aseguró que las autoridades han aceptado el peritaje presentado en la última reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, aseguraron que no hay una guerra de peritajes con el Gobierno Federal.
“Nosotros compartimos esas conclusiones, esto fue aceptado por las autoridades, no fue rebatido y afortunadamente; y esto es muy importante para la verdad, para la justicia, para el respeto a los padres y madres, no entramos en una guerra de peritajes, como ocurrió, y sobre todo en este momento, no tenemos evidencia de que se haya torturado a nadie para convalidar la fabricación por parte de la Procuraduría General de la República”, señaló Claudia Paz, integrante del GIEI.
Al concluir la prórroga que solicitaron al Gobierno Federal para continuar en el caso, los expertos del GIEI proponen que permanezcan en el país dos de sus integrantes, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, a través de un mecanismo de seguimiento.
“Una medida transitoria, de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso. Dicha decisión que se realice por los próximos dos meses, en los que se realizará una evaluación global del caso y el seguimiento también de la situación a los familiares”, puntualizó Carlos Martin Beristain.
Tras analizar los mensajes de Whats app que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes determinó que las 467 capturas de pantalla carecen de fiabilidad, por lo que, dijo, no se pueden aceptar como pruebas digitales, carecen de fiabilidad.
Gobierno presenta informe sobre el caso Ayotzinapa
En agosto pasado, a tres años de trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas dio a conocer las conclusiones sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre éstas subrayó la colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de Gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos en este caso.
Entre las conclusiones destacan:
- La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos de Ayotzinapa” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano.
- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
- En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
- En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
- Que, tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en iguala y en Santa Teresa.
- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.