El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió este jueves 15 de diciembre la Corte Suprema.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
“Ya sabíamos lo que se venía. No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval”, expuso a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa dijo que apelará.
El exgobernante es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Fallecidos y enfrentamientos
Por otro lado, las movilizaciones populares se mantienen; especialmente en el interior del país.
La Defensoría del Pueblo dijo que dos personas fallecieron tras un violento enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en el aeropuerto de Ayacucho, subiendo a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
“Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.
Las protestas más fuertes, con miles de personas en todo el país, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Cerca de 2 mil camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, pidiendo su libertad.
“Estoy en total desacuerdo con la justicia peruana, porque todo está comprado”, sostuvo Rolando Arana, un manifestante de 38 años que llegó hasta el lugar desde Huancavelica.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.
“Desde día uno que Castillo asumió la presidencia y es más, en la campaña presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos”, recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
“Nos vamos todos”
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días.
Este jueves, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023.
“Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo”, dijo.
El Parlamento inició este jueves el debate para adelantar las elecciones generales, lo que requiere de una reforma constitucional.
Mientras tanto, manifestantes de todo el Perú también se congregaron en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas.
“No somos terroristas. El presidente está secuestrado. No hay justicia, tienen que cerrar el Congreso”, comentó Lucy Carranza, una ama de casa de 41 años, quien iba rumbo a la marcha.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que este jueves llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.