Por primera vez en el país, se llevó a cabo la votación electoral en cinco centros penitenciarios federales, como parte de una prueba piloto para personas en prisión preventiva.
En este ejercicio se tenía previsto que votaran 949 personas que están en prisión preventiva y por lo tanto gozan de la presunción de inocencia y sus derechos políticos no quedaron suspendidos.
El registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que hubo 750 boletas utilizadas, de las cuales más de cien fueron llenadas por mujeres, muchas de ellas era la primera vez que participaban en un proceso para ejercer su derecho al voto.
La organización de defensa de derechos humanos Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA) señaló que no lograron obtener el acceso a la observación electoral.
Aunque ya estábamos certificados por el Instituto Nacional Electoral. La única instancia que dio fe fue la CNDH quienes tienen acceso a estas instalaciones penitenciarias sin la necesidad de solicitar un permiso especial”, señaló Ángela Guerra, coordinadora del CEA.
En las peticiones que hicieron para hacer la observación como sociedad civil dentro de los centros penitenciarios fueron negadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y en caso del Instituto Nacional Electoral (INE) indicaron que no estaba previsto en el modelo de votación y se justificaron en que la SSC no dio las condiciones necesarias para que esto se llevara a cabo.
Sí se pueden llevar a cabo este tipo de procesos en los centros penitenciarios, también que el INE tiene la capacidad para organizar este tipo de elecciones pensando en que estos se van a poder replicar en otras partes del país sin ningún problema”, destacan las conclusiones del observatorio “Libres para elegir”.
Entre las solicitudes de información del observatorio estaba la información dentro de los sobres que se entregaron a las personas.
Una de las sorpresas que nos llevamos, es que se entregó información resumida sobre las plataformas electorales. También vimos que, de todos los partidos políticos, únicamente uno tiene propuestas concretas para esta población, en los otros casos no tienen propuestas específicas y esto limita el voto porque no saben que les están ofreciendo”, comentó Ángela Guerra.
Pensar en un proceso como éste para las elecciones del 2024 se tendrían que incluir campañas políticas o incluso actividades de candidatos dentro de los centros penitenciarios.
Entendemos que faltan propuestas más nutridas y con mucha mayor información por parte de los partidos políticos y del INE para que puedan tener la información, no solamente cuando se sientan a ejercer su voto, sino mucho antes de esto”, expresó la coordinadora de CEA.
Ángela también explicó a Once Noticias que este derecho abre la puerta a mecanismos que pueda proveer otros derechos, como lo es el “derecho a la identidad”.
“Este proceso que se llevó fue sin credenciales, este derecho es fundamental para las personas que están en prisión y sobre todo de las que están de cara a la salida”.
Nosotros estamos conscientes de que fue una prueba piloto. Tenemos más claridad de que este modelo tiene limitantes importantes. Pensando en que la tendencia de población penitenciaria en México podría llegar a 90 mil personas que ejerzan su derecho a votar en las próximas elecciones presidenciales, es un sector que se tiene que tener en cuenta para las propuestas concretas de los candidatos”, precisó Ángela.
El conteo de estas boletas será el 6 de junio en las instalaciones del INE, en ese momento “podríamos saber cuáles fueron los partidos más votados por la población penitenciaria”, concluyó.