Para incluir los principios de racionalidad y oportunidad que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Por unanimidad y con 479 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley, con la finalidad de incluir los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza y elimina el término “fuerza epiletal”.
Con la aprobación de este dictamen, las instituciones de seguridad revisarán y actualizarán los protocolos de actuación, así como las técnicas en uso de la fuerza.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que la finalidad del uso de la fuerza también es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz pública.
¿Qué más establece?
Asimismo, indica que el uso de la fuerza se regirá por el principio de racionalidad, la cual será la decisión en la que se valora el objeto que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
De igual modo, por el principio de oportunidad, cuando se requiera hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de actuación innecesario cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos.
Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en el que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de las personas.
La finalidad es dar cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 64/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objeto es solventar contravenciones a la Carta Magna de las parcialidades normativas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.