La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió reparar el daño a tres ciudadanos de origen turco, quienes fueron expulsados de manera ilegal del país en 2022.
De acuerdo con la Recomendación 09/2023 dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, los extranjeros fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, y trasladados a una estación provisional, a pesar de que contaban con la Forma Múltiple Migratoria (FMM) vigente, que les autorizaba su ingreso y estancia en nuestro país por 180 días.
La investigación realizada por el organismo defensor permitió acreditar violaciones a los Derechos Humanos, a la seguridad jurídica, libertad personal y libertad de tránsito de las víctimas, quienes, a través de documentos oficiales, acreditaron su ingreso y estancia legal en México y, a pesar de ello, fueron obligadas a abandonar el país.
El expediente detalla que las tres personas extranjeras ingresaron a México los días 14, 16 y 18 de mayo de 2022, respectivamente, por el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, sitio en el que el INM les expidió las FMM que autorizaban su estancia en el país por 180 días.
A pesar de ello, fueron puestas a disposición, de manera ilegal, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente se les trasladó a la Estación Provisional del INM en esa ciudad fronteriza, donde permanecieron hasta el 23 de mayo de 2022.
Finalmente, el Instituto Nacional de Migración emitió un oficio de salida definitiva del país en un término no mayor a quince días naturales, para que, por sus propios medios, abandonaran territorio mexicano por la frontera sur más cercana, lo que vulneró su derecho fundamental a la libertad de tránsito.
Derivado de lo anterior, la CNDH solicitó al titular del INM llevar a cabo todas las acciones administrativas conducentes para emitir un acuerdo de readmisión debidamente fundado y motivado, con el que se permita a las víctimas, si así lo determinan, reingresar a territorio nacional a efecto de hacer valer los derechos humanos que les fueron trasgredidos e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño y se les proporcione la atención psicológica que requieran.