Las protestas en el Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte se reanudaron este jueves bajo el nombre “segunda toma de Lima”, por lo que se mantienen 16 puntos de bloqueos en vías nacionales, específicamente Puno.
Las provincias afectadas por esta interrupción en sus carreteras son Carabaya, Azángaro, Melgar, Huancané, Puno, Chucuito y El Collao, según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Las manifestaciones y concentraciones se dieron en las provincias de San Román y Puno. Como resultado, el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, Abdul Miranda recordó que la comuna metropolitana declaró el Centro Histórico como zona intangible.
Además, afirmó que la Policía Nacional impedirá que manifestantes puedan transitar o agruparse en una de los puntos declarados intangibles, que son Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, las plazas de Armas, San Martín, Bolívar, 2 de Mayo, Ramón Castilla, Bolognesi, Alameda de los Descalzos, cuartel militar Barbones, Hospital Almenara, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, el Congreso de la República, entre otros.
Por su parte, el director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda informó que el gremio fue informado sobre la salida de cinco buses interprovinciales desde Puno, mientras que dos tanquetas de la Marina de Guerra del Perú permanecen estacionadas en uno de los ingresos de la plaza 2 de Mayo.
Estas movilizaciones dan continuidad a las protestas masivas que iniciaron en diciembre y continuaron en enero para exigir la dimisión de Dina Boluarte, pero han sido reprimidas en distintos puntos del país con un saldo de hasta 60 muertos, de acuerdo con diferentes fuentes.
Cabe recordar que Boluarte asumió el 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo cual generó un extendido movimiento de protesta de sus partidarios.
Dina frente a la ONU
El gobierno de Perú negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión estatal de recientes manifestaciones antigubernamentales.
“El gobierno es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La organización AI advirtió el pasado jueves que el gobierno peruano está “cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales”.
Las autoridades, dijo, habrían actuado además “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”.
En tanto, el Ministerio de Justicia afirmó que está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar “a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida”, así como de daños a la propiedad pública y privada durante los meses de protestas.
El martes pasado, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.
Otra investigación fiscal busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el 15 de diciembre en Ayacucho.
Frente a este panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a Boluarte a informar sobre las violaciones de derechos humanos y asesinatos de manifestantes.
