94 nicaragüenses, exiliados en Costa Rica, y a los que el régimen del presidente Daniel Ortega les retiró la nacionalidad, denunciaron ser víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Señalaron que, como parte de las agresiones en su contra, sus nombres fueron eliminados de los registros públicos, se les confiscaron sus patrimonios, les cancelaron pagos de pensiones y fueron declarados prófugos de la justicia.
Hicieron un llamado a los gobiernos democráticos a rechazar estos actos, que calificaron de ilegales e inhumanos.
“Agradecemos a todos los gobiernos que han condenado a la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a los que generosamente nos han ofrecido su nacionalidad. Muchas gracias, España, Chile, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, que recibió a 222 de nuestros hermanos excarcelados, y a Costa Rica”, dijo Silvia Nadine Gutiérrez Pinto, activista exiliada.
Expertos de la ONU acusan al Gobierno de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad
Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al Gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), divulgado en Ginebra, menciona ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
Asimismo, dijo que la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas, con un saldo de más de 350 muertos.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta del país, son responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los opositores al régimen y todo aquel que disiente o expresa su crítica contra el Gobierno, indica el informe.