La corrupción en el Poder Judicial mexicano tiene muchos precedentes, tal es el caso de la construcción a sobrecosto de salas de juicios orales.
Cuando Luis María Aguilar Morales fue presidente de la Suprema Corte, de 2015 a 2018, se registraron daños al erario público, uno de ellos por más de 34 millones de pesos.
Con recursos provenientes del fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo, el entonces director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, designado directamente por el ministro Morales, realizó obras con sobrecostos, mediante engañosas cotizaciones.
Todo esto fue posible mediante el fideicomiso que se constituyó para implementar la Reforma Constitucional en Materia Penal, que estableció en Nuevo Sistema Penal Acusatorio, poniendo en marcha los juicios orales.
Con este pretexto el Consejo de la Judicatura inició la construcción de salas de juicios orales, una de ellas en el Penal de Puente Grande, Jalisco, que, por motivos de seguridad, argumentaron en ese entonces las autoridades responsables de la licitación, se asignó, por adjudicación directa, a la empresa Grupo Escompi.
Sin embargo, en la conformación del presupuesto para la construcción de “dos salas de oralidad de inicio y tres de crecimiento gradual“, se cotizó el costo de metro cuadrado de obra con datos falsos, para luego incrementarlo.
El precio propuesto de inicialmente fue de 117 mil 976 pesos por metro cuadrado, cuando, de acuerdo con una auditoría interna del propio Poder Judicial, debió ser de 50 mil 709 pesos. Así, el metro cuadrado de la obra tuvo un sobrecosto de 67 mil 266 pesos, es decir, 132% más para construir dos salas de oralidad y tres más que tendrían un crecimiento gradual.
En resumen, la obra costó 135 millones 791 mil 615 pesos, con todo y el IVA, cuando su costo real tendría que ser de poco más de 100 millones. Es decir, nadie sabe del destino de los 34 millones de pesos que se pagaron por el sobrecosto.
Dadas las ilegalidades detectadas, a los funcionarios Pérez Maqueda, Mc Naught Salgado y Méndez Flores se les inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se determinó que causaron un daño a las finanzas del consejo, por lo que deberían de reponer los recursos y fueron inhabilitados sólo por un año.
Cabe destacar que durante la gestión de Pérez Maqueda como director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura se desarrollaron obras similares en otros estados, en las que la Auditoria Superior de la Federación encontró severas anomalías.
Este personaje recibió otras 12 sanciones, por cometer diversas irregularidades, y fue inhabilitado como servidor público por el Poder Judicial.
Uno de los fallos ante estas conductas irregulares fue su inhabilitación por 20 años, luego de que se le encontraron más de tres millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo que utilizaba, un auto asignado por el Consejo de la Judicatura.
Pérez Maqueda también fue denunciado por recibir sobornos de constructoras para entregar contratos de obras.
No obstante, Pérez Maqueda continuó laborando como administrativo en el Consejo de la Judicatura y fue hasta el cambio de la presidencia del organismo, con la salida de Luis María Aguilar y la llegada de Arturo Zaldívar, que dicho personaje enfrentó un proceso sancionador interno y finalmente fue inhabilitado.