El Gobierno peruano destituyó al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro, debido a que es investigado por sus nexos con una presunta red de corrupción que operó bajo las órdenes del recluido expresidente izquierdista Pedro Castillo, según un decreto oficial.
Se resuelve dar por concluida la designación del general Alfaro al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú y pasarlo al retiro” señala la resolución firmada por la presidenta peruana, Dina Boluarte.
Así, la presidenta Boluarte designó al general Jorge Angulo como nuevo comandante de la institución.
Alfaro es investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con una presunta red criminal que operó bajo el Gobierno de Castillo, preso tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre y acusado de múltiples delitos de corrupción.
Asimismo, las autoridades allanaron la vivienda y el despacho del hoy oficial en retiro, en el centro de Lima, tras la divulgación de una fotografía en la que aparece junto al español Jorge Hernández, exasesor de inteligencia de Castillo y detenido en el marco del caso contra el exmandatario.
En ese sentido, Alfaro, quien no se ha pronunciado sobre los señalamientos, estuvo al frente de la Policía Nacional desde agosto, cuando fue designado por el entonces presidente Castillo, ahora preso en Lima por su fallida maniobra contra el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
Reemplazo de otros militares
El despido de Alfaro se da apenas un día después de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció también el reemplazo de ocho generales de la policía por su gestión de las protestas ciudadanas que, desde hace varios meses, azotan el país en busca de la dimisión de la mandataria y la convocatoria de nuevas elecciones.
Desde la detención del expresidente Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, numerosas protestas se han venido registrando en todo el país, dejando un saldo de casi medio centenar de civiles muertos por la represión de las mismas llevada a cabo por la policía.
Entre acusaciones infundadas de terrorismo, las y los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación del propio Castillo.
Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, descartó insistentemente presentar su renuncia, pues, según sus palabras, no ayudaría a resolver la crisis.