Defensores de derechos humanos piden a las autoridades que personas desplazadas por violencia retornen de manera segura a Santa Marta, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Señalaron que pese a las denuncias que han interpuesto ante Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda local, no han sido atendidas y que prevalece la violencia.
Reinaldo Pérez Pérez, integrante de la Asociación Civil Internacional de Defensores de Derechos Humanos (ASICADH), comentó a Once Noticias que desde el 29 de septiembre de 2022, al menos 244 personas de Santa Marta, municipio de Chenalhó, fueron desplazadas de manera forzada.
De acuerdo con su testimonio un grupo armado, presuntos líderes caciques ligados a las autoridades municipales y autoridades comunales, quemaron viviendas, hubo tiroteos y se registraron desaparición de cuatro personas, entre ellos, dos menores de edad.
En febrero de este año, de acuerdo con Reinaldo, documentaron que tres familias más fueron desplazadas por la persistente violencia.
“No se ha controlado la violencia, no ha entrado ni siquiera la Guardia Nacional, ni el ejército. En el lugar en donde hubo las quema de viviendas, donde hubo muchos tiroteos. Ahí transitan libremente los grupos armados de Santa Marta, municipio de Chenalhó. Son líderes políticos, caciques, que pertenecen al Partido Verde Ecologista, que ahorita ya se hacen pasar con Morena”, acusó.
Y es que compartió que han registrado dos asesinatos en Santa Marta.
Por esa razón presentaron denuncias ante la Fiscalía Estatal y la Fiscalía de Desaparición en la capital chiapaneca, pero acusó que hasta ahora no hay avance. Además, dijo que también ellos han sido amenazados por acompañar a las personas desplazadas.
“Por acompañar a los desplazados hemos sido perseguidos y amenazados. Tres o cuatro veces donde nos persiguieron los grupos armados, pero imagínense la situación en la cabecera municipal de Chenalhó. Además el alcalde municipal va a favor de los mayoritarios por tema político, porque como quiere seguir, quiere reelección”, agregó en la breve entrevista.
Una de las cosas que les preocupa es la fabricación de delitos, dado que hace poco se registró la desaparición de un presunto líder caciquista, de nombre Armando, en Santa Marta y se acusa a representantes de desplazados, aunque piden que haya pruebas y no supuestos.
“Vamos a estar a favor de la paz, a favor de la justicia. Lo único que queremos nosotros es que no violenten los derechos humanos, que haya una reparación integral conforme también a la ley y que se reparen los daños materiales y humanos. Queremos que entren a investigar dónde están esas cinco personas, entre ellos una niña de 12 años. Al gobierno de Chiapas no le importan esas personas”, agregó.
El capellan dijo que las personas armadas transitan libremente en la cabecera municipal, tal como muestran algunos videos que han sido grabados por los habitantes de Santa Marta.
El pasado miércoles llegarían las personas desplazadas y representantes de ASICADH a la Ciudad de México, para solicitar atención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de presidencia, sin embargo, no lograron reunir los recursos económicos para realizar tal viaje.
Las 50 familias de indígenas tsotsiles que han refugiado en la comunidad de Polhó (se ubica también en Chenalhó, pero a 35 kilómetros de distancia) temen ser agredidos con armas de fuego.
Además, al verse imposibilitados de regresar a sus comunidades, se encuentran en una difícil situación económica, por lo que el capellan expuso que se necesitan donaciones de ropa y zapatos, principalmente para niños y niñas.
“Lo que nos preocupa es por qué no ha entrado la Comisión de Búsqueda. Hay violaciones a los derechos humanos. Entonces nos preocupa eso, qué es lo que está pasando al respecto. Funcionarios públicos, tanto como el gobierno, tanto como miembros del ayuntamiento municipal deben estar para mantener la paz”, sentenció el defensor indígena Reinaldo Pérez.
Desde el año pasado la comunidad ha exigido el retorno seguro y que las autoridades intervengan para frenar la violencia, que se ha exacerbado. De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), de 2010 a 2022 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.
El fenómeno, asegura el FrayBa tiene raíces añejas en los conflictos agrarios desde los setenta en Los Altos de Chiapas, no obstante, en los últimos años, la presencia del crimen organizado aumentó en esta región y con ello, el tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.
Ese fenómeno se han concentrado principalmente en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama.
“Algunos de ellos parecen tener vinculación con el crimen organizado, como es el caso de aquellos que operan en los municipios indígenas de San Andrés Duraznal y Pantelhó. La población con mayor vulnerabilidad son las mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores”, asegura Cecilia Jiménez, Relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, en el análisis sobre las dinámicas del desplazamiento forzado en Chiapas.