Más de 500 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, y las facciones rebeldes armadas amenazan ahora con unirse a las protestas contra la junta si continúa el derramamiento de sangre.
Haciendo oídos sordos a las condenas y sanciones occidentales, los generales birmanos continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
510 personas, entre ellas numerosos estudiantes y adolescentes, murieron por disparos de policías y militares en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
Esta oenegé afirma que el número de víctimas “es probablemente mucho mayor”, sobre todo porque cientos de detenidos siguen desaparecidos.
Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron el martes con tomar las armas contra la junta.
Si las fuerzas de seguridad “siguen matando civiles, colaboraremos con los manifestantes y tomaremos represalias”, indicó una declaración conjunta, firmada entre otros por el Ejército de Arakan (AA), un grupo armado con varios miles de hombres e importantes recursos.
La situación corre el riesgo de convertirse en una guerra civil total”, declaró a la AFP Debbie Stothard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
“La junta no quiere ceder en nada y los manifestantes, que hasta ahora han sido mayoritariamente pacíficos, están tentados de pedir ayuda a las facciones armadas para protegerse”, afirma.