El grupo parlamentario de Morena en el Senado, ya tiene enlistada en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, una iniciativa de reformas al Artículo 94 de la Constitución, para que los 11 ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación, sean electos de manera directa, a través del voto popular.
El pasado 27 de abril, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el Artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.
Según la iniciativa del senador morenista, ya turnada a las Comisiones Unidas Dictaminadoras, si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial.
Afirmó que, en caso de que dicha propuesta de reforma constitucional alcance los consensos necesarios para ser aprobada por las dos terceras partes del pleno senatorial, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.
Alejandro Armenta argumentó que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa.
Reconoció que el Poder Judicial de la Federación cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia y para mantener el equilibrio entre los demás poderes.
Recordó que los integrantes del Poder Judicial, son entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados de los Tribunales de Circuito -colegiados y unitarios– y los jueces de Distrito.
Ellos son responsables, entre otras cuestiones -admitió-, de interpretar las leyes; resolver las controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades, cuando se alegue invasión de atribuciones.