Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, defensores del bosque en Tlaxcala, se encuentran presos desde hace 10 meses, en el Centro de Reinserción Social del Estado, acusados por el homicidio de una persona que fue linchada en la comunidad de Tlalcuapan.
Pese a que se han presentado pruebas y peritajes que demuestran su inocencia, la Procuraduría de Tlaxcala los acusa por homicidio.
En su caso no se ha considerado una perspectiva intercultural, dado que pertenecen a una comunidad nahua y tampoco su defensa del bosque. Incluso, la comunidad asegura que su encarcelamiento responde a un hostigamiento por ser defensores del territorio.
El linchamiento
El 15 de abril de 2022, un Viernes Santo, Alfredo “N” intentó, supuestamente, ingresar a un domicilio, pero fue sorprendido por la comunidad, quienes respondieron con su detención y linchamiento.
De acuerdo con Alicia Meléndez, esposa de Saúl Rosales, quien también es presidente comunitario de San Pedro Tlalcuapan, hay un video que prueba que él se encontraba comprando víveres para comer. En ese momento, recibió una llamada para informarle que la comunidad había detenido a una persona que intentó cometer un delito.
“Saúl no estaba en el pueblo. Hacía compras para las festividades. Como Presidencia hacían vigilancia en diferentes calles. Sale a comprar a la cabecera cosas para comer y le llaman para decirle que habían agarrado a una persona”, narra Alicia a Once Noticias.
Saúl llegó a la comunidad y se dirigió a la presidencia municipal: “la comunidad ya no lo deja salir [de ahí]. Incluso una policía entrevista a Saúl y lo encuentra dentro de la Presidencia”, relata Alicia.
Fue encerrado en la presidencia municipal por el pueblo, dado que al ser una comunidad indígena y regirse por usos y costumbres lo destituyen en ese momento, así la comunidad logró llevarse a Alfredo “N”.
Alicia, de hecho, denuncia que ese día llegaron 150 policías municipales y estatales, y que no hicieron nada por salvar a la víctima del linchamiento.
“A Saúl lo culpan de que él no permitió la entrada [de la policía al pueblo]. La responsabilidad es del municipio y del Estado. Habían unos 150 policías y no hicieron nada. Supuestamente no los dejaron entrar, pero había muchas entradas para rescatar a la persona”, acusa Alicia.
Raymundo Cahuantzi ocupaba el cargo de mayordomo y eclesiástico de Tiaxca. Su esposa cuenta al medio que el día de los hechos él estuvo en la procesión del silencio, por la tarde: “Él anduvo todo el día en la procesión. Ni vio ni estuvo donde murió esta persona”.
Saúl fue detenido el 14 de julio. Ese mismo día, Raymundo fue con un comité de personas para abogar por la libertad de Saúl a la Procuraduría, pero “lo agarran afuera de la Procuraduría, ya no lo dejan salir. También fue vinculado el mismo día”.
Pero ¿qué llevó a que un pueblo completo ajusticiara por propia mano a un hombre? y en ese camino Saúl y Raymundo salieran también afectados.
Desenlace por la inseguridad
Antes del linchamiento se habían registrado algunos eventos de inseguridad, por lo que en la percepción comunitaria había incrementado.
“Durante varios meses habían sucedido muchas situaciones de inseguridad, principalmente en la zona escolar. Habían robado e incluso hirieron a un vecino de la comunidad”, dijo a Once Noticias una integrante de la comunidad, quien decidió resguardar su nombre por seguridad.
Pero no sólo eso, Raymundo y la comunidad habían denunciado la situación. Habían pedido a las autoridades municipales y estatales que tuvieran mayor presencia, pero decían que no contaban con recursos y no era posible.
Mil 600 linchamientos en México
De acuerdo con Raúl Rodríguez y Norma Ilse Veloz, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 2016 a 2022 se han registrado más de mil 600 linchamientos en México.
Tlaxcala junto a Puebla, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y la capital del país son las entidades con mayor prevalencia al concentrar más de 74% de los casos de linchamientos.
Los investigadores aseguran que este tipo de quebrantamiento social registró mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, por lo que el total de linchamientos registrados fueron de mil 619.
Defensa del territorio
Desde que detuvieron a Raymundo y Saúl, la comunidad y sus familias han realizado manifestaciones en Tlaxcala, para exigir su libertad. Y es que coinciden que este proceso, debido a su irregularidad, responde a que son defensores del territorio.
Nataniel Hernández Núñez, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), quien acompaña los casos de Saúl y Raymundo, cuenta a Once Noticias que los casos turnados al Poder Judicial en Tlaxcala, por el delito de homicidio, están vinculados a proceso bajo la causa judicial 419/2022 del índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
“Se están desahogando algunas diligencias ante el juez de control. Estamos en la etapa intermedia. Ellos solicitaron la protección a través de un amparo, pero no fue procedente, por tanto hemos exhortado al juez de control que revise la causa penal para valorar las pruebas pertinentes y se decrete su libertad. Tienen un vínculo particular con la comunidad: son defensores del territorio en la zona”, dijo al medio en breve entrevista.
A Saúl su liderazgo comunitario lo llevó a ser presidente comunitario. Ese liderazgo ha estado enfocado en realizar acciones en bien de la comunidad, por ejemplo, alguna vez juntó firmas para que no cerraran un cuerpo de agua que abastece a la comunidad.
“Estamos a la falda de la montaña y todo lo que tenemos viene de la montaña”, recordó la habitante de la comunidad.
Ambos forman parte del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi, que a su vez forma parte de las Comunidades Unidas en Defensa de la Matlalcueyetl, una red comunitaria integrada en el año 2020, cuando llegó la plaga del gusano ‘descortezador’ (Dendroctonus mexicanus Hopkins).
Este gusano estaba acabando con el bosque, por lo que decidieron organizarse para combatirla. También se han organizado para combatir la tala ilegal que asedia al bosque, un área natural protegida desde 1938, con categoría de Parque Nacional.
“Estaban saqueando nuestro bosque y tuvimos que ir a Conafor y Semarnat, para denunciar al Estado porque estaban saqueando al bosque. Eso puso al colectivo muy visible”.
Esta semana se llevará a cabo el juicio que determinará la inocencia o responsabilidad de Saúl y Raymundo.
Mientras tanto, Berta y Alicia exhortan al Poder Judicial del Estado a actuar con perspectiva intercultural y contextualizando el rol que tiene Raymundo y Saúl como defensores del territorio, porque su acusación no sólo puede ser vista de forma aislada, así como tampoco los fenómenos de linchamiento.
En la actualidad, después de ese suceso, las autoridades tienen mayor presencia en el pueblo, aunque la comunidad lamenta que tuvo que pasar un linchamiento, lo que cobró la vida de Alfredo “N” y la acusación de dos personas, para que fueran atendidas las demandas.