Decenas de salvadoreños, la mayoría miembros de organizaciones sociales y universitarios, marcharon este lunes para exigir al Congreso “la urgente aprobación” de una ley que proteja el agua y evite una eventual privatización.
Tenemos la obligación de exigir una pronta aprobación de una ley del agua que permita que en nuestro país ese vital líquido esté protegido y no se permita su privatización”, dijo Adela Bonilla, representante de la denominada Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
¡El agua no se vende, el agua se defiende!”, gritaban los participantes de la marcha, que se efectúa en el marco del Día Mundial del Agua.
En octubre de 2020, el Congreso, controlado por opositores al gobierno de Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para reconocer el acceso al agua como un derecho humano.
Pero para que la reforma tenga vigencia y fuerza de ley, debe ser ratificada con un mínimo de 56 votos por la legislatura que resultó electa en los comicios del pasado 28 de febrero, donde Bukele tendrá mayoría y que se iniciará en mayo.
Bonilla recordó que en el Parlamento también se discute una ley del agua, basada en varias propuestas, pero ese proceso “no tiene avances” ante “las intenciones de sectores empresariales que quieren privatizar el servicio del agua”.
A inicios de 2019, la derecha opositora en el Congreso plasmó en el proyecto de Ley del Agua, que se discute en una comisión especial, la creación de un ente regulador del agua que puede permitir la participación del sector privado.
Actualmente el servicio de agua potable es proveído por la estatal Administración Nacional de Acueductos.
Datos de la empresa estatal de 2019 indican que, en el país, de 6.7 millones de habitantes, la cobertura de agua potable en la zona urbana alcanzó el 95.7%, mientras que en la zona rural fue del 41.8%.
Si como sociedad no hacemos presión, este tema se irá dilatando en el tiempo y nunca tendremos una ley, es urgente aprobarla”, consideró una estudiante de la estatal Universidad de El Salvador, Lourdes Molina.
Al llegar la marcha al Congreso, en la capital San Salvador, la multitud no pudo avanzar pues agentes antimotines habían cerrado los accesos con alambradas.
Solo una comisión de representantes de las organizaciones que participaron en la marcha ingresó a la Asamblea Legislativa para entregar su petición.