El Poder Judicial ha sido objeto de señalamientos debido a presuntas irregularidades en la actuación de algunos de sus jueces y magistrados.
Recientemente, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, denunció públicamente casos en los que jueces han beneficiado a delincuentes, permitiéndoles quedar en libertad.
En el primer caso, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, presidente del Tribunal Colegiado de apelación del Décimo Noveno Circuito Judicial del Poder Judicial de la Federación, en Matamoros, se pronunció en favor de la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Confirmó la sentencia absolutoria dictada en septiembre de 2022, por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en favor de, José Luis “N”, exalcalde de Iguala, por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. José Luis “N” continúa en prisión, pero por otras causas penales”, señaló Luis Rodríguez Bucio.
En el siguiente caso se expuso a tres jueces que actuaron en complicidad para decretar la libertad del presunto autor del asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido en noviembre del 2019, se trata de Itiel “N”.
Los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer, José Saturnino Suero Alva y Antonio Soto Martínez, del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, le confirmaron un amparo, emitido por la jueza Angélica Sánchez Hernández, en Cosamaloapan; el sábado 3 de junio.
“En sábado, decretó con libertad de jurisdicción la no vinculación a proceso de Itiel “N” y dispone su inmediata libertad, en un lapso de una hora, del Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila. Itiel “N” aún se encuentra preso en Cosamaloapan, pero por otra causa penal”, dijo Rodríguez Bucio.
Estos casos han generado preocupación e indignación, ya que ponen en evidencia posibles fallas en el sistema de justicia y levantan dudas sobre la imparcialidad y la integridad de algunos jueces y magistrados. Ante estas situaciones, es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer cualquier irregularidad y garantizar que la justicia sea impartida de manera justa y equitativa.