En 2020, la lista de magistrados y jueces acusados y sancionados por diversos actos de corrupción continuó en aumento.
En enero de 2020, el magistrado, José Miguel Trujillo Salceda, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigarlo por presunto nepotismo, así como acoso sexual y laboral.
También fue acusado por amenazas de muerte y obligar a sus colaboradores a cobrar cheques y depositarlos en cuentas de Estados Unidos.
En ese mismo mes, el Pleno de la Judicatura aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años del magistrado Fernando Reza Saldaña, del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Querétaro, por 17 denuncias de acoso sexual.
Hacia finales del mes, pero sin hacer público el nombre, la Judicatura suspendió a otro magistrado, investigado por nepotismo, acoso sexual y laboral, así como abuso de funciones.
El 11 de marzo, la Judicatura suspendió temporalmente al juez Elías Gerardo Cepeda, por “posible falta de profesionalismo y notoria ineptitud”, al resolver un caso relacionado con transporte de metanfetaminas, soslayando la jurisprudencia establecida por la Corte.
El 7 de mayo, se suspendió al juez tercero de distrito en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar, por impedir el encarcelamiento del empresario joyero Jaime Sacal Micha, acusado de violación.
El primero de julio, la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca, María del Socorro Castillo, y su secretario de acuerdos, Marco Aurelio González, ordenaron liberar a José Ángel “C”, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Apenas un mes atrás, la jueza Castillo Sánchez absolvió a la ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, acusada en 2015 de complicidad en la fuga del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, del penal del Altiplano.
El 5 de agosto, la Judicatura destituyó e inhabilitó por diez años, al magistrado federal y exdirector general del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Mondragón Reyes, por compartir información confidencial de un concurso de oposición en 2018.
El 6 de agosto resolvió también destituir e inhabilitar por 10 años al juez federal con residencia en Zapopan, Jalisco, Carlos Ríos Díaz, por hostigamiento sexual y laboral.
El 21 del mismo mes, el Consejo confirmó la inhabilitación por 20 años del exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien se le encontraron en su coche y en efectivo, casi 3 millones y medio de pesos.
Ya en 2021, se destituyó e inhabilitó 15 años al magistrado, Carlos Loranca Muñoz, por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016, cuando era titular del primer tribunal unitario del sexto circuito del estado de Puebla.
Para diciembre de 2020, en su segundo informe de actividades, el ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, reportó que 42 jueces y magistrados más, se sumaron a la lista de los 98 juzgadores reportados como sancionados, suspendidos, destituidos e inhabilitados en 2019.