Víctimas de tortura, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y expertos sostuvieron que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo dictaminó el relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, en 2015.
Reunidos en el foro “Rostros y voces de la tortura en el México de hoy” -realizado en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México- los ponentes relataron experiencias vinculadas con tratos crueles realizados por corporaciones de seguridad del orden federal y local, y también en los centros de rehabilitación para personas dependientes de sustancias.
Desde la mesa y con la voz entrecortada, Alejandra Elizondo contó que su hija Ángela Patricia Saucedo de 15 años padeció de tortura al interior de la “Casa de Rescate Jesús Salva, Cambia una vida Femenil A.C.”, en Santa Catarina, Nuevo León.
La adolescente, quien fue internada en este sitio para recuperarse por su adicción a la marihuana y a las metanfetaminas, falleció en este centro de atención debido a que fue privada de la insulina que debía inyectarse tres veces al día, porque desde los seis años fue diagnosticada con diabetes infantil.
“A ella la privan de su insulina por tres días, Ángela agoniza todo esté tiempo y su cuerpo quedó tendido en un charco de vómito. El día que la sepulte se fue una parte de mi definitivamente”, detalló entre lágrimas.
Elizondo evoca que al pedir ayuda para dejar las drogas, su hija le comentó que quería finalizar una carrera universitaria para convertirse en tanatóloga y por ello ambas tomaron la decisión de acudir a este anexo.
La madre de Ángela resalta que ya en el sitio, fue inyectada con ‘cristal’ por empleados del lugar, y bajo los efectos de este químico fue abusada sexualmente por Jesús Pérez, quien se ostentaba como pastor cristiano y director de este centro.
Pero la adolescente no fue la única torturada, pues su madre también padeció de malos tratos por parte de las autoridades de Nuevo León; aún con todo ello y tras un camino áspero, logró que Jesús Pérez fuera enviado a prisión.
Aún con el dolor a cuestas por la ausencia de su hija, la mujer se dio a la tarea de crear el colectivo Castae para brindar ayuda a sobrevientes de tortura. Esta organización otorga información sobre dónde denunciar este delito, considerado de lesa humanidad.
“Cuando yo pasé por este proceso me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho ve a tal lugar. En México hay muchísima tortura”, indicó.
Tras escuchar testimonios de quienes padecieron este delito, Alan García, miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró que en México este delito es una práctica generalizada y extendida por ello se sumó al llamado realizado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para erradicar esta práctica.
Ya en entrevista con Once Noticias, Aribel García, directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), apuntó que el Gobierno mexicano trabaja para erradicar este delito, por ello, dijo, se implementó la Estrategia Nacional Contra la Tortura.
En este marco exhortó a los ciudadanos a denunciar este ilícito con una llamada al número telefónico 089.