Internacional

Candidata pide a autoridad electoral de Guatemala oficializar resultados

Los resultados fueron revisados a pedidos de varios partidos, los cuales denunciaron irregularidades y se ampararon de forma provisional.

La candidata presidencial, Sandra Torres, pidió a las autoridades electorales de Guatemala,oficializar” los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial de junio cuyo plazo de impugnación vence este sábado, pero fue frenado por una nueva acción legal.

“Si nos ajustamos a los plazos que fija la Corte de Constitucionalidad, hoy el Tribunal Supremo Electoral debe salir a oficializar a los dos partidos que vamos a la segunda vuelta”, señaló Torres en una rueda de prensa.

En las elecciones generales del 25 de junio, Torres (15.86%) y Bernardo Arévalo (11.77%) fueron los más votados entre las y los 22 aspirantes. El balotaje de las presidenciales será el 20 de agosto.

Resultados en disputa

Los resultados fueron revisados a pedidos de varios partidos que denunciaron irregularidades. El llamado de Torres fue en reacción a una resolución de la Corte Suprema de Justicia conocida la noche del viernes que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no oficializar los resultados de los comicios.

La resolución firmada únicamente por la Presidenta de la Corte, Silvia Valdés, ordenó al TSE entregar un informe sobre el procedimiento utilizado para la revisión de los resultados de las elecciones.

Ese informe fue entregado por el TSE, pero la Corte Suprema debe dictaminar si ese procedimiento de revisión se efectuó de forma correcta y conforme a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

Torres insistió que el TSE “debería” oficializar los resultados, al temer que la situación “se puede salir de control por la falta de confianza que hay en el proceso”.

El recuento de las actas electorales de las elecciones se efectuó luego que la Corte de Constitucionalidad aceptó el amparo de forma provisional de nueve partidos de derecha que rechazaron los resultados de los comicios.

La decisión del Constitucional fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea (EU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Brasil y diversas organizaciones locales académicas, la Iglesia católica y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

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