Integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitieron que hay una deuda con los ciudadanos en cuanto a justicia cotidiana, pero eludieron hablar de la elección de sus cargos por voto popular o la eliminación de los altos sueldos y otros beneficios de los que gozan.
El ministro Javier Laynez, en representación del Pleno del Máximo Tribunal, y las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, acudieron a la Cámara de Diputados para recibir los resultados de los conversatorios que se realizaron sobre la reforma al Poder Judicial.
Cabe recordar que dichos conversatorios fueron propuestos por Morena, para analizar la posibilidad de que los y las ministras sean electas por voto directo.
La ministra Loretta Ortiz puso como ejemplo la elección de ministros de la Corte en otros países, en donde el poder legislativo no es el único que decide los perfiles.
“En Honduras podemos observar un sistema híbrido, en donde el Congreso Nacional elige a las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a partir de una lista propuesta por una junta nominadora, conformada a su vez por la Corte Suprema, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, colegios de abogados, universidades y sociedad civil”, dijo Loretta Ortiz.
La ministra Yasmín Esquivel precisó que ningún poder puede estar exento de la revisión de la ciudadanía.
“Los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía de la impartición de justicia”, comentó Esquivel.
Y el ministro Laynez se limitó a reconocer que el Poder Judicial tiene una deuda con los ciudadanos. Pero en cuanto a la justicia social, el por qué de sus salarios de más de 200 mil pesos y la exigencia de que los ministros ganen menos que el Presidente, no dijo nada.
“Hay una asignatura pendiente, en no olvidar el mejoramiento de la justicia local”, dijo Laynez Potisek.
Los ministros no hablaron de sus sueldos superiores a 200 mil pesos, sus primas vacacionales de 100 mil pesos, de los aguinaldos de casi 600 mil pesos que perciben cada fin de año o de su fondo de casi 800 mil pesos al año para comer en restaurantes de lujo.
De ahí que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, insistió en que es necesaria una reforma del Poder Judicial.
Las y los diputados esperarán el análisis de los y las ministras, para convocar a una nueva reunión en septiembre.