Estados Unidos podría ayudar a pagar el transporte, la atención médica, los servicios legales y los programas profesionales y educativos para las familias migrantes separadas bajo la estrategia fronteriza de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump, dijo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). el lunes.
La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, describió una guía para su grupo de trabajo de reunificación familiar mientras busca reunir a los niños migrantes y a los padres separados por la política fronteriza de Trump. Los costos también podrían ser cubiertos por organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, pero no por las familias migrantes, dijo el DHS en un comunicado de prensa.
Miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera bajo la política de “tolerancia cero” de Trump, que acusó a los padres de delitos federales de inmigración y los envió a las cárceles, mientras que los niños fueron etiquetados como “no acompañados” y colocados en refugios. Pero los defensores dicen que los funcionarios fronterizos separaron a las familias antes y después de que se implementara esa política.
Algunas familias ya se han reunido como parte de un litigio que impugna las separaciones, mientras que otras familias permanecen separadas, incluidas algunas cuyos padres fueron deportados. Aún se están realizando esfuerzos en los tribunales para localizar a los padres de más de 500 niños separados.
¿En qué consistió el plan “Tolerancia Cero’’ de Trump?
La política “tolerancia cero” contra los migrantes, el Gobierno del entonces presidente Donald Trump consistió en separar a niños, incluidos bebés, de sus familias migrantes una vez que estos ingresaron a territorio estadounidense.
Cerca de dos mil niños han sido recluidos en especies de jaulas ubicadas en la frontera con México, en las que aguardan mientras el Gobierno decide procesar a los padres.
Las acciones emprendidas por la Administración de Trump generaron una serie de críticas, pues son muchos dentro y fuera de Estados Unidos (EUA) los que consideraron que tales medidas representan una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.