Para terminar con el fenómeno llamado puerta giratoria, donde presuntos delincuentes entran y salen de prisión a su antojo, el pleno del Senado aprobó reformas para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Con esta importante reforma, esperamos que por fin se acabe la llamada puerta giratoria en los penales del país y que los delincuentes, estén donde deben estar, de esto no tengo la menor duda, en la cárcel. Ya basta de escuchar historias de terror, en las que las víctimas de alguno de estos delitos sean revictimizadas una y otra vez, porque los delincuentes siguen en las calles”, señaló Manuel Añorve Baños, senador del PRI.
Ahora, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas. Es decir, no podrán eludir la cárcel y enfrentarán su proceso tras las rejas.
📌 #HoyEnElSenado se aprobó reformar ocho instrumentos legales para establecer la prisión preventiva oficiosa a diversos delitos. Conoce toda la información en la #SesiónEnBreve. 👇https://t.co/yrQVJImeMx pic.twitter.com/LBQ1a6nYkc
— Senado de México (@senadomexicano) February 19, 2021
Es importante darle dientes a nuestros juzgadores, muchas veces criticados por dejar en libertad a quienes incurren en conductas delictivas. Los estamos dotando de un marco legal acorde con el nuevo sistema de impartición de justicia”, sostuvo Nancy Sánchez Arredondo, senadora de MORENA.
Esto aplicará también en el caso de robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos y desaparición forzada de personas.
La fracción parlamentaria del PAN se manifestó en contra por considerar que es una violación a los derechos humanos.
La prisión preventiva oficiosa representa la mayor violación de derechos humanos legal que existe en México, es una aberración, es un error grave que viola completamente los derechos humanos de los mexicanos”, enfatizó Damián Zepeda Vidales, senador del PAN.
Sobre los delitos electorales, el dictamen establece que se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado usando bienes, fondos, o programas sociales.
También se impondrá de 500 a mil días de multa y prisión de cuatro a nueve años al servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos con fines proselitistas.
El dictamen fue turnado al ejecutivo para sus efectos constitucionales.