Cuba publicó una inédita lista con 61 ciudadanos de la isla contra los cuales tiene causas por terrorismo y que radican en Estados Unidos.
El documento fue considerado por expertos como un intento de La Habana por poner de manifiesto la doble política de Washington en esa materia.
Sin embargo, los analistas coincidieron también en que el listado no conseguiría la extradición de alguno de los encausados por Cuba o la posibilidad de lograr algún tipo de sanciones prácticas contra Estados Unidos.
La lista se divulgó en las últimas horas a menos de una semana de que Estados Unidos publicara otra (de carácter anual), volviendo a colocar a Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo.
La acusación provoca dificultades financieras en las operaciones comerciales de la nación caribeña con terceros países y forma parte de un entramado de sanciones impuestas por Washington, presionando un cambio de modelo político en la isla.
La divulgación también ocurre unos días después de que el exdiplomático estadounidense, Manuel Rocha, fuera acusado de ser agente secreto para el Gobierno de La Habana por décadas.
“El Gobierno cubano argumentó durante mucho tiempo que Cuba no apoya el terrorismo internacional, como afirma el Departamento de Estado, y que es Estados Unidos quien alberga a personas que han participado en acciones terroristas contra Cuba. La nueva lista cubana formaliza esa acusación”, dijo William LeoGrande, politólogo experto en Cuba de la American University, en Washington.
El reporte estadounidense de la semana pasada y correspondiente a 2022, mantuvo a la isla entre los patrocinadores del terrorismo, sosteniendo que en su momento no extraditó a varios líderes de la guerrilla colombiana del Ejército Nacional de Liberación (ELN) que realizaban diálogos de paz con el Gobierno del país sudamericano en Cuba.
“Ciertamente parece ser una reprimenda a la negativa de Estados Unidos a sacar a Cuba de su lista de terroristas, a pesar de la falta de evidencia de que Cuba apoye el terrorismo”, agregó LeoGrande.
Asimismo, el texto estadounidense acusó a Cuba de proteger a prófugos estadounidenses que obtuvieron estatus de refugiados en los años 70.
Siria, Irán y Corea del Norte comparten esta categoría de patrocinadores.