El Ministerio Público de Perú solicitó este viernes, una condena de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” en su fallido intento de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.
Además de la sanción al expresidente, la justicia peruana solicitará por el delito de rebelión 25 años de prisión contra:
- La expresidenta del Gabinete Ministerial Betssy Chávez Chino
- Los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas,
- Oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
También reclamó por el mismo delito 15 años de cárcel para el exprimer Aníbal Torres Vásquez.
Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 12, 2024
El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ
El expresidente Pedro Castillo, fue destituido el pasado 7 de diciembre de 2022, luego de que intentó disolver el órgano legislativo, para posteriormente ser detenido.
Desde entonces, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) del distrito de Ate, en la provincia de Lima.
Dina Boluarte, quien entonces fungía como vicepresidenta en el gabinete del profesor rural, tomó el mando y miles de manifestantes salieron a las calles para exigir su renuncia.
Las protestas, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron 59 civiles muertos (48 en enfrentamientos y 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo), así como un policía y seis militares fallecidos.
¿Qué cargos enfrenta Pedro Castillo?
La justicia peruana acusa al exmandatario de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo ya enfrenta seis investigaciones de la Fiscalía.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, informó ante el Congreso de Perú que sus investigaciones, las de la Fiscalía, son “siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso”.
Benavides dijo que los fiscales “no son actores políticos, sino operadores de justicia”; añadió que las investigaciones de la Fiscalía se hacen a partir de hechos y no intentando perseguir personas en particular.
“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad”, dijo la fiscal, Patricia Benavides