El Gobierno de India y una coalición de 41 sindicatos de agricultores, quienes protestan desde noviembre pasado contra tres polémicas leyes del sector, intentarán salir de un punto muerto en la novena ronda de diálogo.
El ministro de Agricultura, Narendra Singh Tomar, afirmó que el Gabinete está dispuesto a mantener conversaciones con los líderes agrarios con mente abierta y espera que las discusiones sean positivas.
Esta semana, el Tribunal Supremo suspendió provisionalmente la aplicación del trío de legislaciones y anunció la formación de un comité para escuchar las quejas de los campesinos y la opinión del ejecutivo.
Miles de granjeros completaron ya más de 50 días de protestas en las afueras de la ciudad de Nueva Delhi, para exigir la derogación de los referidos decretos, los cuales consideran son desfavorables para la agricultura.
Promulgadas en septiembre del año pasado, dichas normas son proyectadas por el Ejecutivo como reformas importantes del ramo.
Hasta el momento, ocho rondas de diálogo entre miembros del Gabinete y representantes de los gremios agrícolas no lograron casi ningún resultado.
Los agricultores permanecen firmes en sus protestas contra dichos postulados, pues temen que debilitan los sistemas de precios mínimos de apoyo y los dejan a merced de las grandes empresas.
El gobierno y los campesinos que protestan solamente arribaron a un consenso sobre la despenalización de la quema de los rastrojos provenientes de las cosechas y las críticas acerca de la enmienda de la Ley de Electricidad.
Afirman los agricultores que las nuevas disposiciones amenazan la soberanía alimentaria del país y debilitan el mecanismo mediante el cual el Estado compra sus productos.
Denuncian, además, que esas ordenanzas desmantelan los mercados regulados y perjudican los medios de vida de millones de personas.