La Comisión de Gobernación del Senado de la República determinó que en este órgano legislativo no procede la desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato, como lo solicitaron legisladores de Morena y del PAN, luego de la ola de violencia que registran esas entidades.
“Esta Comisión de Gobernación estima que la atención de los asuntos o cuestiones que motivaron la formulación de las peticiones que nos ocupan, tiene contemplados otros causes constitucionales en nuestro orden jurídico, definitivamente distintos al ejercicio de la facultad exclusiva del Senado de la República plasmada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución”, se pudo leer en el inciso “e” del dictamen.
El 21 de marzo, el Senado de la República dio entrada al análisis y revisión derivado de los hechos en Guerrero por la muerte del normalista Yanqui Kothan y la ola de violencia por el crimen organizado, el cobro de piso, asesinatos y extorsión en la entidad. En Guanajuato, por la ola de violencia e inseguridad.
¿Qué significa la desaparición de poderes?
La desaparición de poderes es una facultad del Senado mexicano que le permite declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un estado de la República y disponer de la intervención federal para subsanar los trastornos graves que hayan provocado esa situación.
Ya fue aplicada en el estado de Guerrero en 1960-61 y en el estado de Hidalgo en 1975, para mostrar cómo dicha facultad, otorgada por el artículo 76 de la Constitución de 1917, fue en la práctica un instrumento de control del régimen autoritario que gobernó a México durante el siglo XX, pues servía a los presidentes para suprimir gobiernos estatales, cuyas acciones rompían el orden constitucional, ponían en riesgo la gobernabilidad o desafiaban la autoridad presidencial Guerrero.
En Guerrero
La masacre de estudiantes ocurrida el 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero, ocasionó que el Senado declarara la figura constitucional de “desaparición de poderes” y que el entonces Raúl Caballero Aburto saliera del gobierno de manera definitiva.
En ese estado se ha decretado la “desaparición de poderes” en ocho ocasiones. La primera fue en 1917 y la última en 1975.
En Hidalgo
En 1975 en Hidalgo fue la última entidad a la que se le aplicó esta medida, basada en tres hechos:
El desafío por parte del Congreso local en el Encuentro Nacional de Legislaturas realizada en febrero de ese año, en la cual se presentó una ponencia que, según el Encuentro Nacional, no reflejaba correctamente la intervención de la Federación en las entidades.
La acusación del diputado Oscar Bravo Santos realizada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se denunciaban actos delictivos por parte de las autoridades del Estado como injerencia en asuntos del SNTE y violación a las garantías individuales.
Por último, los mítines realizados el 27 y 28 de abril en Pachuca, que terminaron en la toma de las oficinas de gobierno. El entonces presidente Luis Echeverría ordenó la investigación de los hechos y finalmente el 29 de abril la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados declaró la desaparición de poderes en Hidalgo.