Con la aprobación de la Reforma Judicial en nuestro país podrían operar los llamados “jueces sin rostro”, una figura que busca proteger la identidad de los juzgadores que emitan una sentencia en casos relacionados con delitos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
La iniciativa contempla la modificación del artículo 20 Constitucional, que autorizará a los integrantes de los tribunales “disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Al fundamentar esta propuesta, el senador Ricardo Monreal recordó que los asesinatos de los jueces federales Antonio Bermúdez, Uriel Villegas y Verónica Barajas, así como la del juzgador estatal, Roberto Elías Martínez, son una muestra clara de la necesidad de contar con esta figura.
“Si ya tenemos legalmente reconocido un cuerpo civil con formación militar como la Guardia Nacional, si ya adoptamos también el ‘criterio de oportunidad’ para disponer de testigos protegidos, si contamos con unidades federales y estatales de inteligencia financiera para detectar el lavado de dinero, entre otros instrumentos jurídicos, justo es proteger ahora el último eslabón de la cadena holística de seguridad y justicia: los jueces”, indicó el Senador Ricardo Monreal.
Esta dinámica ha sido aplicada en Italia, Perú y Colombia durante juicios relacionados con terrorismo, en tribunales tanto militares como civiles, con ello, la identidad de los jueces permanece oculta y puede ser utilizada una pantalla para realizar preguntas a los acusados.
Perú aplicó este sistema en la década de los años noventa y durante los procesos legales vinculados con delitos sensibles, los juzgadores, incluso, fueron identificados únicamente con un número en las audiencias y documentos para evitar conocer sus nombres.
La identidad de estos miembros del Poder Judicial fue protegida incluso de la sociedad en general, pues durante los encuentros con los indiciados no se permitió el acceso al público.
A pesar de las ventajas que podrían representar para los juzgadores y tribunales, la puesta en marcha de este esquema, organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en julio de 1996, solicitaron a esta nación la abolición de este mecanismo, al señalar que vulneraban los derechos de los indiciados.